Según la ministra del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, la tasa de desempleo de Panamá subirá en 1.5% debido al efecto de la pérdida de empleo ocasionada por el cierre de las operaciones de la mina Cobre Panamá en Donoso.
Pérdida de más de 31 mil empleos acentuarán la actual crisis laboral
Un aumento de 1.5% en la tasa de desempleo, con una Población Económicamente Activa (PEA) de 2,094,241 personas (INEC, agosto 2023), representa una pérdida de 31,413 empleos, lo cual complica el incierto panorama laboral del país.
En enero 2024, Mitradel tramitó 21,890 nuevos contratos laborales, cifra similar al promedio mensual del 2023 (21,914), pero muy por debajo de enero 2020 (30,703), dos meses antes de la pandemia.
De hecho, si bien el producto interno bruto (PIB) panameño ya supera el nivel prepandemia, los 69 mil nuevos contratos laborales procesados por la entidad en el primer trimestre del 2024 son casi 32% menos que los 100,878 tramitados en el mismo período del 2019.
Efecto sobre el empleo es consistente con experiencias recientes
El impacto laboral del cierre de la mina no sólo se está dando en los 7 mil empleos directos que trabajaban en la operación, sino en los empleos indirectos e inducidos del ecosistema minero. Como referencia, con la culminación de los trabajos de Ampliación del Canal ($5,500 millones de inversión) se perdieron 64,571 empleos (2014-2019), 43,012 de ellos directos (Construcción) y 21,559 indirectos e inducidos, en áreas como agricultura, industria, comercio, así como actividades profesionales y técnicas.
Dado el mayor nivel de inversión de la operación minera ($10 mil millones), era previsible que la pérdida de empleo indirecto e inducido del ecosistema minero sería mayor al de la ampliación del Canal.
Deterioro de la gobernabilidad fue clave en la pérdida del Grado de Inversión
Fitch Ratings le quitó el Grado de Inversión a la deuda soberana panameña. Luego del Fallo de Inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en noviembre 2023, identificando 25 violaciones a la Constitución, era sólo cuestión de tiempo. Pero aparte de todo el sustento técnico para la rebaja de la calificación, Fitch hace reiteradas referencias al deterioro de la gobernabilidad.
El Informe de Fitch comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país”.
Finaliza su primer párrafo indicando…”El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza”…
Las crisis sociales de julio 2022 y octubre 2023 (conflicto minero) radicalizaron las protestas y cambiaron el patrón histórico de relativa pasividad, representando un elemento crucial en la pérdida del Grado de Inversión por parte de Fitch.
A la pérdida del Grado de Inversión se agrega que en el 2024 no se recibirán los $375 millones de la mina, el Canal estará aportando $700 millones menos al Fisco (debido a la sequía) y la crisis del Programa de IVM se agravará.
Para generar empleo se necesita inyectar liquidez a la economía
Existe una severa crisis de liquidez en la economía, inducida por factores como:
• El Gobierno Nacional le debe $1,700 millones a proveedores y contratistas
• Los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo nacional en el 2023 fueron $2,700 millones menos que en el 2019, según datos de la Superintendencia de Bancos.
• La morosidad en tarjetas de crédito en el 2023 fue 14.4%, más del doble que antes de la pandemia (6.9%), indicativo de más gente usando deuda y no efectivo.
El déficit de nuevos financiamientos 2023 vs 2019 ($2,700 millones) es síntoma de una mayor incertidumbre en el clima de negocios. Haciendo un ejercicio de “matemática simple”, se necesita inyectar por lo menos $4,400 millones a la economía urgentemente ($1,700 + $2,700).
Mitigar el impacto laboral del cierre de la mina requerirá inyectar liquidez a la economía, pagando la deuda que el Gobierno mantiene con sus proveedores ($1,700 millones) y transmitiendo confianza al sector privado para la canalización de financiamientos bancarios, que son “el aceite del motor de la economía”. De igual manera, urge mejorar la gobernabilidad en el país, que se ha convertido en un factor de riesgo crediticio.
Nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza. Y esto requerirá tener un país en paz.
El autor es asesor empresarial.
