Según un reporte del McKinsey Global Institute, desde el principio de la pandemia las economías del G-20 han proveído tres veces más apoyo financiero que en la crisis del 2008
El gasto gubernamental de algunas economías avanzadas durante el Covid-19 ha buscado proteger a los individuos de las consecuencias económicas de la pandemia, intentando revertir una tendencia a largo plazo sobre el impacto en retroceso institucional del contrato social.
Según un reporte del McKinsey Global Institute, desde el principio del COVID-19 las economías del G-20 han proveído 3 veces más apoyo financiero que en la crisis financiera del 2008. Por otro lado, los gobiernos de 22 economías avanzadas han incrementado su inversión presupuestaria un 20 por ciento sobre el PIB del 2019 al 2020. En el caso de Canadá, el incremento del 2019 al 2020 fue del 39 por ciento.
El contrato social es un concepto amplio que abarca múltiples facetas de la vida cotidiana, incluyendo nociones de arreglos económicos, sociales y políticos, así como los valores, la justicia y otros aspectos que permitan una sociedad más justa, progresista y humana. Mientras un país incremente su nivel de intervención y apoyo a la población, la fortaleza del contrato con la sociedad se robustece.
Este apoyo se refleja en las políticas impulsadas por los gobiernos para proteger a trabajadores, consumidores, y ahorradores de las repercusiones de la pandemia. Específicamente para trabajadores, los gobiernos impulsaron iniciativas que permitieran retener los puestos de trabajo y garantizar seguridad económica. Por ejemplo, en Estados Unidos se implementó la Ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES): la cual incluía un esquema de retención laboral al crear un programa de protección con pagos a las pequeñas empresas, proporcionando fondos para pagar hasta ocho semanas de costos de nómina, incluidos beneficios. En Europa se proveyeron dos planes de retención principales: planes de trabajo de corta duración, que subsidian las horas no trabajadas (por ejemplo, Kurzarbeit en Alemania y chômage partiel en Francia), o planes de subsidio salarial, que subvencionan los salarios generales para incluir las horas trabajadas y las horas no trabajadas.
En suma, estas políticas han permitido a uno de cada cuatro trabajadores en países de la OCDE mantener sus empleos; lo que corresponde a 50 millones de trabajadores. En Europa, mientras que el PIB real disminuyó un 14 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, el sector público cubrió una gran proporción del déficit. Por lo tanto, el empleo estuvo protegido y disminuyó un 3 por ciento, mientras que el ingreso real disponible cayó por un 5 por ciento.
En Estados Unidos, a pesar de que el PIB real se redujo un 10 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 y el desempleo disminuyó en línea con la caída del PIB; el sector público apoyó a trabajadores a través de la expansión del seguro de desempleo y pagos únicos a hogares. Por ejemplo, 159 millones de pagos de $1,200 se realizaron a individuos con ingresos menores a $75,000; y 76 por ciento de trabajadores desempleados fueron elegibles para beneficios que pagaban un monto mayor a sus salarios previos.
Mientras algunos gobiernos de economías avanzadas (tales como las G-20) han enfocado sus esfuerzos en apoyar a los trabajadores y proteger otros aspectos del contrato social, la pregunta crítica para los próximos meses y años es si la nueva tendencia del fortalecimiento del contrato social retrocederá una vez que se amortigüe la crisis del COVID-19, o si la intervención e implementación de políticas con apoyo económico seguirán siendo características permanentes de un contrato social renovado.
