El pasado jueves 7 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional alteró el orden del día para priorizar los debates de dos propuestas de ley vinculadas con beneficios o entrega de bonificaciones a personas en edad de jubilación y los que ya están pensionados.
Se trata de una movida política estratégica en pleno periodo electoral, entendiendo que en la Caja de Seguro Social (CSS) hay 300 mil pensionados y el subsistema exclusivamente de beneficio definido está compuesto en su totalidad por 600 mil personas, incluyendo los trabajadores aún activos, que se irán retirando paulatinamente de la vida laboral.
El proyecto de Ley 964, presentado por el diputado perredista Javier Sucre “crea bonificaciones permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS)”.
La propuesta sancionada fue impulsada por el diputado perredista Javier Sucre. Archivo
En la agenda legislativa este proyecto pasó de un solo plumazo del punto 162 al lugar 12.
A través de dicho proyecto, aprobado en primer debate, se pretende otorgar tres bonificaciones permanentes para los jubilados y pensionados del IVM y el programa de Riesgos Profesionales de la CSS.
Los jubilados recibirían anualmente a través de este programa dos beneficios por un monto de $50 cada uno, efectivos el mes de abril y agosto, respectivamente; además de un beneficio por un monto de $40 que se desembolsaría durante el mes de diciembre. Este monto es adicional al bono que ya paga anualmente la CSS.
Según el proyecto de ley, el Órgano Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto general del Estado las partidas correspondientes que serán asignadas y financiadas con el impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas.
El Gobierno ya tiene fuertes presiones presupuestarias ante el déficit que enfrenta el subsistema exclusivamente de beneficio definido del IVM.
El pronóstico es que este año se acaben las reservas del programa, sin que se tengan soluciones tendientes a atender la crisis.
El proyecto de ley no cuenta con información o cálculos financieros en los que se haya comprobado que efectivamente es posible cubrir los gastos que se van a generar a través de la recaudación en impuestos a las bebidas.
De acuerdo con el documento, los montos establecidos para los beneficios del programa serían revisados cada dos años por el Órgano Ejecutivo, con la finalidad de realizar los ajustes por variaciones inflacionarias.
El proyecto fue presentado desde octubre de 2022 y no es hasta ahora que le han metido más velocidad a su aprobación, coincidentemente con el periodo electoral y la campaña política. El diputado Sucre es hermano del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
Sucre, el diputado, está con miras a la reelección y tiene experiencia en eso de prometer dinero a la población.
El pasado 3 de febrero, la junta comunal de Juan Díaz, en manos del diputado perredista y su hermana Imelda, tramitaron la compra de 5 mil bonos de supermercados para repartir entre los habitantes de la zona.
En tanto, el diputado perredista Abel Beker es el proponente del proyecto 818, ya aprobado en primer debate, que se movió del punto 161 al punto 11.
Beker también aspira a la reelección. Fue postulado por el partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
