El arbitraje nace desde los inicios del derecho, previo al concepto de imperio jurisdiccional del Estado, como una respuesta más civilizada a la autotutela. Su evolución ha sido dinámica y en tiempos presentes ha avanzado de la mano con el comercio internacional, jugando un papel relevante como método de resolución de conflictos.
En Chile existe desde 2004 una ley de arbitraje comercial internacional, la número 19.971. Por otro lado, el cuerpo normativo que regula el arbitraje en Panamá fue elevado a rango constitucional mediante la reforma realizada a la Constitución en 2004, específicamente en el artículo 202.
La República de Panamá ha modernizado su legislación arbitral, adoptando los lineamientos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Cnudmi), con la aprobación de la Ley 131 de 2013, en línea con su consolidación como un centro internacional de arbitraje.
El compromiso o la cláusula compromisoria (cláusula de arbitraje) tanto en Chile como en Panamá es la base sobre la cual descansa esta institución. Así las cosas, esta institución de carácter privado tiene efectos sustantivos. Más allá de lo dicho, es imposible comprenderla solo desde el derecho privado, toda vez que su concepción, especialmente en América Latina, ha sido ampliamente desarrollada y empleada en el marco del derecho internacional público, por lo que es falaz circunscribir su marco regulatorio a las legislaciones internas.
Existen, por ejemplo, diversos tratados internacionales sobre la materia, tales como la Convención de New York; la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (también conocida como la Convención de Panamá); y la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Ciadi).
CHILE Y PANAMÁ, SEDES DE ARBITRAJE
La sede corresponde al lugar acordado por las partes para efectuar el arbitraje y tanto Chile como Panamá son lugares propicios para ser sedes de arbitrajes internacionales, entre otras cosas por sus marcos jurídicos e instituciones. En estos convergen una serie de intereses públicos y privados. Es decir, el eventual laudo y su resultado tendrán efectos y existen variables que proveen certeza para su ocurrencia.
En Chile, cabe destacar, el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago), institución fundada en 1992 por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., con el apoyo del Colegio de Abogados de Chile y de las distintas Ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile. Con más de 2 mil casos de arbitraje que han sido sometidos a la jurisdicción de los árbitros del CAM Santiago, involucrando a más de 3 mil empresas y estudios jurídicos, la institución es el referente indiscutido en materia de solución de controversias.
La CAM Santiago es además, la Sección Chilena de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), con sede en Nueva York, y forma parte de la Red de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (Red ADR); sumado a sus estrechos vínculos de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No puede dejarse de destacar que en la región de Valparaíso, sede de los principales puertos de Chile y uno de los principales “músculos” de la relación marítimo–portuaria entre Chile y Panamá, está el Centro de Arbitraje y Mediación de Valparaíso (CAM) que, desde 1999, estuvo al alero de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y hoy está bajo la administración del Colegio de Abogados de Valparaíso A.G., fortaleciendo así la vinculación de este importante colegio profesional con este método de solución de conflictos legales y económicos, acercándolo aún más a las personas, empresas y abogados de una de las principales regiones de Chile.
En ambos países, por cierto, pueden compartirse experiencias, no siendo un mero capricho pensar en promover que aumenten su desarrollo como sedes arbitrales, ya que estos tienen centros y legislaciones modernas en la materia y la promoción de ser país sede aumenta el flujo de un denominado “turismo de negocios”, en que cada país se convierte en un centro internacional de arbitraje al que irán abogados, peritos y todos aquellos partícipes del proceso.
Sumado a lo dicho, posicionarse como centros internacionales de arbitraje es una situación de win–win, porque contribuye a la respectiva marca país, al ser reconocidos por terceros por el valor de sus estructuras jurídicas, mecanismos y facilidades para esta civilizada institución.
Panamá es un hub por naturaleza y los panameños reconocen y saben sacar provecho de esa posición privilegiada, por lo que el arbitraje internacional no escapa de esa realidad. Los centros de arbitraje más reconocidos y de mayor prestigio en Panamá son el Centro de Solución de Conflictos (Cescon), fundado en el año 2001; y, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap), fundado en 1994 y auspiciado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Adicionalmente, el capítulo panameño de la Cámara de Comercio Internacional, fundada en Panamá en el año 2004, cuenta con una comisión de arbitraje de ICC Panamá.
Un elemento importante en el campo internacional y que le brinda a Panamá una condición diferenciadora respecto a otros países en materia de arbitraje internacional, ha sido la reciente creación del Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje Marítimo de Panamá (Cecomap), que forma parte del Cecap.
Panamá es uno de los pocos países de la región latinoamericana que cuenta con una jurisdicción especializada en temas marítimos desde 1982, cuando se crearon los tribunales marítimos en la República de Panamá. Asunto que no es extraño, ya que Panamá es uno de los centros marítimos y logísticos más importantes del mundo.
En definitiva, Panamá y Chile cuentan con las instituciones, legislaciones, infraestructura y una posición geográfica que permiten dar un servicio profesional y de alto estándar, como dos países comprometidos con el comercio internacional.
