Los factores que han determinado la desigualdad en Panamá

¿Cuáles pueden ser las causas de la desigualdad que prevalece en Panamá en la distribución de los ingresos y el acceso a los servicios sociales?

Empezamos con que los salarios que percibe los trabajadores varían significativamente dependiendo del sector en el que trabajan. El aporte al producto interno bruto (PIB) por empleado (la producción promedio de cada trabajador) muestra diferencias abismales: un empleado de la ACP genera un valor agregado anual de $194,000 y su salario promedio es del orden de B/60,000 anuales, mientras que el valor agregado por un agricultor es de $3,600.

La capacidad de un sector dado para pagar salarios depende de la productividad por empleado, que en los tres sectores más productivos es más de cincuenta veces la de los tres sectores menos productivos. Estas diferencias se explican por la cantidad y calidad del capital disponible por empleado, por la tecnología aplicada y por el nivel de educación y adiestramiento del personal.

Un empleado del Canal trabaja con una cantidad de instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas cuyo valor medio supera el millón de dólares, ha sido seleccionado entre los más calificados en su ramo y recibe un entrenamiento de calidad. En contraste, un trabajador de la agricultura no comercial tiene unas cuantas herramientas de trabajo (no siempre las mejores) que valen algunas decenas de balboas y, además, tiene pocos años de escolaridad.

Otra causa de la desigualdad es la calidad de la educación que difiere enormemente entre la pública y la privada, y aún en la pública, entre la urbana y la rural. En la actual coyuntura de aislamiento social, la brecha se ensancha aún más por la falta de acceso a las plataformas tecnológicas avanzadas que tienen las escuelas públicas y la dotación de computadoras en los hogares de familias con menos recursos.

Alexander Arosemena.

Según datos oficiales, dos tercios de las personas ocupadas fuera de la agricultura han completado parte o todos los años del segundo ciclo y otros cuentan con algunos o todos los años de universidad. No se trata por tanto de la cobertura de la educación, si no su calidad, tal como lo muestran los pobres resultados obtenidos por nuestros estudiantes en PISA y otras pruebas internacionales.

Vimos en el artículo anterior que la cobertura de salud en Panamá es menor que la de Argentina, Chile y Uruguay y nuestros indicadores de nutrición general e infantil, así como de mortalidad infantil son también peores.

Pasando al nivel macro, tenemos que el aumento de la desocupación y de la informalidad de los años recientes está relacionado con la desaceleración del PIB. A mayor tasa de crecimiento del PIB, generalmente, mayor será el aumento del empleo y viceversa. En Panamá necesitamos una tasa de crecimiento del PIB de entre el 5% y el 6% anual (que es el potencial de crecimiento de la economía), para poder emplear a los que ingresan a la fuerza de trabajo cada año. Existe una relación débil entre el crecimiento del PIB y la demanda por empleo, fenómeno este atribuible, en buena medida, a las inflexibilidades del mercado laboral por razón del Código de Trabajo. Es hora de que el país tenga un debate honesto y franco sobre tan importante tema.

Los países que muestran mejores índices de igualdad que nosotros lo logran a través del gasto público. Pero, en nuestro medio la inversión gubernamental de los últimos cinco años se ha concentrado en un 66% en la provincia de Panamá que tiene un alto nivel ingreso per cápita y el resto se divide entre las demás provincias y comarcas. Esta asignación geográfica de la inversión pública tiene acentúa la desigualdad de ingresos entre provincias.

En síntesis, tenemos que buena parte de las diferencias en los niveles de ingresos de la población depende de las diferencias en la productividad entre sectores económicos. A su vez, las limitaciones en la cantidad y calidad de servicios sociales o “bienes públicos” como son la educación, la formación laboral y la salud, afectan negativamente el nivel y la velocidad de cambio de la productividad, amén de la desaceleración del crecimiento económico así como las rigideces del mercado laboral.

Y, ¿qué podemos hacer para superar estas limitaciones? De ello se ocupará un próximo artículo.

Guillermo Chapman

Presidente de la Junta Asesora y fundador de INDESA con más de cuarenta años de experiencia en consultoría a los sectores público y privado.