El reto de potenciar la institucionalidad

Para volverse más competitivo, Panamá debe tener una administración pública
y marcos regulatorios adecuados que faciliten la creación y la operación de negocios.

Panamá ha logrado grandes avances en competitividad de la mano del desarrollo del conglomerado logístico y de regímenes especiales que han traído a este país empresas multinacionales, talento y actividades de alto valor añadido. Sin embargo el país sigue teniendo retos importantes: las exportaciones de bienes nacionales alcanzaron mínimos históricos respecto del producto interno bruto de 2018 (2.4%), y están poco diversificadas, mientras que son escasas las empresas panameñas que tienen presencia en el resto del mundo.

Para atender estos retos, además de impulsar sectores que le aporten dinamismo a la economía y apoyar a los más rezagados, Panamá debe aumentar su competitividad. Para ello es crucial mejorar la calidad de sus instituciones. Esto significa tener una administración pública y marcos regulatorios adecuados que faciliten la creación y operación de negocios.

La calidad institucional no es un tema menor para las empresas, según los últimos datos del World Economic Forum (WEF), y la ineficiencia de la burocracia es el principal problema para hacer negocios en Panamá. Ahora bien, de acuerdo con el reciente informe Doing Business del Banco Mundial, los problemas se concentran en los procedimientos relacionados con la operación del negocio. (Por ejemplo, la protección de inversionistas, el pago de impuestos, el cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencias).

Por el contrario, en la etapa de creación de las empresas —apertura del negocio, obtención de crédito y obtención de electricidad—, la situación es más favorable. Así, en la fase de operación de los negocios la puntuación que obtiene Panamá es claramente más baja (55.3 sobre 100), que la alcanzada en la creación de la
empresa (77.8).

En gran medida la baja puntuación en esta etapa obedece a la duración y número de trámites y a la calidad de la regulación en los siguientes tres procesos con menor puntuación: el pago de impuestos, el cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencias.

En el caso del primero, el número de pagos al año que debe hacer una empresa típica es de 36, en lugar de los 10 de Costa Rica —el mejor calificado de la región en este ámbito—. Mientras que el tiempo dedicado a este trámite es de 408 horas, en comparación a 151 en Costa Rica. Esto, a pesar de que Panamá tiene una carga tributaria relativamente baja, que refleja problemas de diseño en el sistema tributario y debilidades en la administración.

En cuanto al cumplimiento de contratos, la situación es similar: el tiempo dedicado por las empresas es de 790 días. Es un término mayor comparado con México (341), el más destacado. Resalta, además, la baja calidad de los procesos judiciales (8 de una escala de 0 a 18) y el alto costo que tienen que asumir los demandantes (38% de la demanda frente al 33% en México).

Por otro lado, en el caso de resolución de insolvencias, el tiempo no solo es mayor (2,5 años en comparación con el 1,7 de Colombia, el de mejor puntuación), sino que además el costo de los procesos (25% del patrimonio frente al 8,5% en Colombia) y la tasa de recuperación (27 centavos de dólar frente a los 68,7 en Colombia) tienen un peor desempeño.

Estos dos procedimientos se relacionan con la baja calidad del sistema judicial. Según el Foro Económico Mundial, Panamá se ubica en las posiciones 120 y 101 de 137 países, en independencia judicial y eficiencia del marco legal para resolución de conflictos, según el orden enunciado. Si Panamá alcanzara la puntuación en estos tres procedimientos de los países con mejor desempeño de la región —Costa Rica, México y Colombia, respectivamente—, pasaría de la posición 86 de 190 países, a la 48. Se convertiría en el país con mayor facilidad para hacer negocios de la región, diez peldaños por delante de Chile, el mejor del subcontinente.

Los avances en otros países de la región nos muestran que esto es posible. En 2014, El Salvador introdujo reformas para hacer más fácil el pago de impuestos que redujeron el tiempo necesario de 320 a 180 horas. Para facilitar el cumplimiento de contratos, México creó en 2014 los tribunales de reclamos con procedimientos orales, lo que redujo el número de días dedicados a estas actividades de 415 a 350. Por último, Chile facilitó en 2016 la resolución de insolvencias al establecer una oficina pública y tribunales especializados reduciendo los tiempos de 3.2 a 2 años y aumentando la tasa de recuperación de 30 a 41.9 centavos de dólar.

Hay otra razón más para ser optimistas: en otros procesos Panamá tiene trámites rápidos y un marco regulatorio eficiente. Registrar un negocio requiere de 6 días (uno menos que en Chile); obtener electricidad toma 35 días (10 días menos que en Chile); y el índice de fortaleza de los derechos de deudores es de 8, en una escala de 0 a 12. 4 puntos más alto que el de Chile.

Mejorar la calidad institucional es un proceso que llevará tiempo y exigirá consensos, pero la oportunidad que se abre para que Panamá mejore sustancialmente su nivel de competitividad vale el esfuerzo.

Carlos Garcimartín
Economista Jefe del BID | + artículos

Economista jefe del BID

Jhonatan Astudillo
+ artículos

Consultor del BID