El concepto de gobierno corporativo surge por primera vez a principios de los años noventa en Reino Unido y Francia, pero adquiere mayor resonancia con los escándalos financieros internacionales en el mercado de valores de los Estados Unidos con empresas tales como Enron, WorldCom, entre otras. Los fraudes y malos manejos que estas empresas reflejaron en sus estados financieros, ocasionando su quiebra, afectaron la credibilidad y los intereses de los inversionistas y demás grupos de interés en los mercados de valores.
En Panamá, en 1999 se aprueba por primera vez la Ley que rige el mercado de valores (Texto Único con modificaciones publicado en Gaceta Oficial 26979-A de 23 de febrero de 2012).
En 2003, la Superintendencia del Mercado de Valores emite el Acuerdo 5-2003 para dictar normas de conducta para las casas de valores y los asesores de inversiones. Esta es la primera norma que dictó el regulador para fomentar un trato justo a los clientes, evitar conflictos de intereses y promover la transparencia y el buen funcionamiento del mercado de valores panameño.
La normativa fue evolucionando y desarrollándose en años posteriores, hasta que, en 2018, la Superintendencia emite el Acuerdo 6-2018, para adoptar reglas y principios de Buen Gobierno Corporativo que deben seguir las casas de valores, los administradores de inversiones, las administradoras de inversiones de fondos de pensiones y jubilaciones, las administradoras de fondos de cesantía y las organizaciones autorreguladas (bolsas de valores y centrales de valores). Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento desde el 30 de abril de 2019.
¿Qué es gobierno corporativo?
Es un sistema de reglas, principios, procesos, procedimientos y normas éticas que se fundamenta en buenas prácticas. El objetivo de aplicar estas buenas prácticas es que la empresa tenga una estructura de gestión sólida, que permita un equilibrio equitativo entre los intereses de sus accionistas, junta directiva, alta gerencia, colaboradores y otros grupos de interés (también denominados stakeholders).
¿Qué son buenas prácticas?
Las buenas prácticas comerciales son las reglas y principios de buen gobierno corporativo enfocadas en fortalecer y proteger las actividades del mercado de valores que llevan a cabo las entidades reguladas. El objetivo principal de aplicar buenas prácticas comerciales es lograr una gestión transparente, ética y con responsabilidad social empresarial en las operaciones del mercado financiero.
¿Cuáles son los principios básicos de gobierno corporativo en el mercado de valores?
Los siguientes principios deben entenderse como un mínimo; otros principios pueden incorporarse dependiendo de la actividad particular y los valores y cultura de cada empresa:
• Definición de los valores corporativos y objetivos estratégicos de la empresa. • Adopción de un Código de Conducta que incorpore el buen gobierno corporativo. • Comunicación de los principios de gobierno corporativo en todos los niveles de la organización. • Programas de evaluación o autoevaluación del desempeño de la junta directiva y la alta gerencia cada dos (2) años. • Asignación clara de responsabilidades para la toma de decisiones y la línea jerárquica de aprobaciones en todos los niveles de la empresa. • Canales de comunicación efectivos para la interacción entre junta directiva, alta gerencia y auditores internos y externos. • Implementación de sistemas de control interno adecuados, incluyendo la gestión de riesgos por líneas de negocio, actividad o servicio. • Implementación de procedimientos de selección de personal, inducción, capacitación continua e incentivos financieros. • Reconocimiento de los derechos de accionistas minoritarios que establece la Ley.
¿Qué principios de gobierno corporativo aplican a las juntas directivas de entidades reguladas en el mercado de valores?
Los directores deben tener reconocida honorabilidad profesional y al menos dos (2) de sus miembros deben tener experiencia mínima de dos años en el sector financiero.
Los directores no pueden participar de la gestión diaria del negocio de la empresa, ni pueden tener conflictos de negocio, profesionales, éticos o de intereses con la entidad en la que actúan. En casos puntuales, el gerente general puede formar parte de la junta directiva, pero no podrá presidirla.
Las juntas directivas deben tener no menos de un (1) director independiente. Este requisito debió cumplirse por todos los regulados a más tardar en el mes de abril de 2019.
Las reuniones de junta directiva deben realizarse por lo menos una vez cada tres (3) meses.
Las discusiones y decisiones de los directores deben documentarse en el registro de actas, de allí la importancia de mantener una adecuada gestión documental de las decisiones aprobadas a nivel de junta, tanto para el monitoreo de su debida ejecución, como para el seguimiento y control de las responsabilidades asignadas a directores, alta gerencia y personal de la empresa. Se debe evaluar entonces el costo-beneficio de asignar esta función internamente o tercerizarla a especialistas en la materia. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de las juntas directivas de entidades reguladas en el mercado de valores?
• Actuar de forma diligente, responsable, objetiva y razonada al tomar decisiones. • Promover la transparencia y la buena gestión de la entidad, procurando la rentabilidad de la operación. • Promover altos estándares éticos de integridad y cumplimiento. • Establecer las estrategias, políticas y programas de la empresa. • Revisar junto a la alta gerencia si el plan de negocios es efectivo y se está ejecutando de forma adecuada. • Evaluar el desempeño de la alta gerencia. • Asegurarse que en todos los niveles de la empresa se conozcan y apliquen las regulaciones vigentes. • Conocer y comprender los principales riesgos a que está expuesta la entidad regulada y adoptar reglas y procedimientos para identificar y mitigar dichos riesgos. • Definir una estructura efectiva de gobierno corporativo, incluyendo un sistema de control interno. • Revisar los manuales, políticas y procedimientos no menos de una (1) vez al año. • Revisar y aprobar el presupuesto y los estados financieros auditados y no auditados.
¿Qué actuaciones son incompatibles con las funciones de un director en el mercado de valores?
• Exigir o aceptar pagos u otros beneficios, para sí o para terceros, por sus decisiones como directores. • Utilizar para beneficio personal las oportunidades de negocio que surjan en la empresa. • Perseguir la obtención de intereses personales con sus decisiones. • Participar en la deliberación de asuntos o votar sobre ellos, cuando existan potenciales conflictos de interés. En este caso, el director debe informar de su impedimento previamente al resto de los directores y retirarse de la reunión.
¿Por qué es importante que la empresa regulada tenga un Comité de Auditoría?
El Comité de Auditoría es clave para un sistema óptimo de gobierno corporativo, porque se encarga de evaluar el sistema de control interno de la empresa, que incluye tanto a la auditoría interna, como externa. Este comité tiene la delicada e importante función de vigilar que existan los procedimientos internos adecuados para detectar problemas de control y administración interna. Además, de que se apliquen las medidas correctivas que surjan de las evaluaciones de los auditores y el regulador.
¿En qué consiste el control interno y cuál es su importancia?
Las empresas reguladas del mercado de valores deben contar con políticas, mecanismos, procedimientos y técnicas de control, que permitan:
• Salvaguardar sus activos • Lograr una adecuada eficiencia operativa • Generar reportes confiables • Identificar, mitigar y administrar riesgos • Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, abusos y conflictos de interés • Asegurar que la información generada por la empresa es confiable • Prevenir delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, entre otros • Procurar que se cumplan las leyes y regulaciones vigentes
¿Cuáles son las responsabilidades de la alta gerencia en una empresa regulada del mercado de valores?
La alta gerencia y ejecutivos clave están encargados de ejecutar las estrategias y políticas aprobadas por la junta directiva. Además, deben desarrollar procesos efectivos para identificar y administrar los riesgos que asume la empresa al llevar a cabo sus operaciones, conforme a su perfil de riesgo, mercados, volumen de transacciones, actividades comerciales y líneas de negocio.
¿Están las empresas reguladas obligadas a cumplir con la Ley 56 de 2017 sobre la participación de mujeres en juntas directivas?
Sí. La Superintendencia ha indicado en el Acuerdo 6-2018 que las entidades reguladas y supervisadas velarán por cumplir con esta Ley.
¿Están las disposiciones sobre gobierno corporativo sujetas a sanciones en caso de incumplimiento?
Sí. La Ley de Valores contiene disposiciones que imponen sanciones monetarias y de otro tipo si se incumple el Acuerdo 6-2018, las cuales dependerán de la gravedad de la conducta o acto y del tipo de licencia del regulado.
Conclusión
La confianza de los inversionistas es el motor que pone en marcha a los mercados financieros. En la medida en que las empresas participantes del mercado de valores panameño reconozcan la importancia de consolidar a lo interno de sus organizaciones prácticas robustas de gobierno corporativo, observarán cómo la rentabilidad de sus empresas y su valor en el mercado aumenta. Ese valor es directamente proporcional a la confianza del inversor y viceversa. Una empresa eficiente es más productiva y atractiva para los que quieren invertir en ella. El no prevenir riesgos a tiempo genera costos que inciden en el balance financiero y sujeta a la empresa a incumplimientos regulatorios.
A nivel mundial hemos visto múltiples ejemplos de lo que ocasiona la falta de transparencia y un inadecuado manejo del riesgo en el desempeño de las empresas. Los sistemas de control interno no son procesos que puedan implementarse a mediano o largo plazo, sino que deben formar parte de la planificación del negocio desde su concepción. Las normas de gobierno corporativo están allí, lo importante es entender su importancia y aplicarlas adecuadamente.
*La autora es abogada corporativa y mercantil con más de 25 años de práctica profesional.
