La dieta de los seres humanos depende, en gran medida, de cuatro granos básicos –arroz, trigo, maíz y soja— que representan casi la mitad de las calorías de la alimentación global. La producción de estos alimentos está concentrada geográficamente: casi el 60% de la producción global se da en 5 países: Estados Unidos, China, India, Brasil y Argentina.
El centro de pensamiento McKinsey Global Institute (MGI) recientemente analizó cómo el calentamiento global puede afectar la estabilidad productiva de estas naciones productoras de granos en el mundo.
En las últimas décadas la humanidad se ha beneficiado de una oferta creciente de alimentos a precios estables, lo que ha generado una reducción importante en los niveles de malnutrición.
A pesar de algunos sobresaltos entre 2006 y 2008, así como 2010 y 2012, la relativa estabilidad en precios se ha logrado a través de un aumento sostenido de la productividad agrícola y la ausencia de eventos naturales de gran escala que afecten las cosechas a nivel global.
Si estas tendencias se mantienen, MGI estima que la oferta de alimentos en el mundo podría crecer en 20% durante la próxima década, creciendo así a mayor ritmo que la población mundial (las proyecciones muestran un crecimiento de 13%).
Sin embargo, la agricultura global enfrenta problemas fundamentales: alta concentración geográfica de la producción, extensas cadenas de suministros y dependencia de importaciones en algunos países. Eventos externos, como plagas de langostas en África o cambios locales generadas por el calentamiento global pueden causar disrupciones severas, y así aumentar la probabilidad de pérdidas de cosechas y poner en peligro la seguridad alimentaria de regiones enteras.
El futuro de los precios de alimentos y su impacto en Centroamérica
Probabilidad de pérdidas de cosecha
En su estudio, MGI resalta que el mundo podría enfrentar una mayor probabilidad de disrupciones productivas a gran escala en varios centros de producción de granos.
Para el centro de investigación, una disrupción productiva es una reducción en la producción de una región que pueda impactar el sistema global de alimentos.
Sin mejoras sustanciales en productividad y adaptación, la probabilidad anual de una pérdida de cosecha (una caída de cosecha de más de 15% con relación al promedio) pasará de 1% anual en los últimos 20 años a 2% en el 2030 y 4% hacia el 2050.
La probabilidad de que haya una pérdida de cosecha en múltiples centros globales de producción de granos al mismo tiempo en un periodo de 10 años pasará de 10% hoy a 18% en 2030 y 34% en 2050.
El impacto inmediato de un evento de este tipo sería un aumento en el precio de los alimentos, que afectaría de primera mano a más de 750 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza.
El caso de Centroamérica
Los países de Centroamérica y el Caribe dependen casi sin excepción de importaciones de arroz y trigo, así como maíz y soja, para alimentar a sus poblaciones. Cualquier disrupción de los graneros globales tendría consecuencias significativas para la región.
Para darse una idea, el Gobierno de Panamá autorizó la importación de alrededor de 105 mil toneladas de arroz en cáscara en marzo de 2020 para garantizar el suministro hasta agosto. Y su dependencia de maíz es incluso mayor, pues Panamá importa alrededor de medio millón de toneladas al año, casi en su totalidad para la ceba animal.
Costa Rica, donde se estima que alrededor del 60% del arroz que consume el país debe ser importado, autorizó la entrada de 50 mil toneladas en abril.
Nicaragua necesita importar alrededor del 25% de su consumo anual de arroz. Más allá de un país en particular, la dependencia de importaciones de trigo en la región es total ya que no se produce por su geografía tropical.
Cualquier disrupción en los precios por pérdidas de cosechas en uno o múltiples graneros globales tendría un impacto inmediato y dramático en los precios de los alimentos en toda la región.
El futuro de los precios de alimentos y su impacto en Centroamérica
¿Qué medidas podría tomar la región para amortiguar el impacto de una escalada de precios?
El MGI resalta estas medidas claves para los diferentes jugadores:
Gobiernos de países importadores: la manera más efectiva y sencilla de gestionar los precios de granos es manteniendo niveles altos de reservas en tiempos de precios bajos para liberarlos al mercado en tiempos de precios más altos. Esta es una medida que puede ser tomada de manera unilateral pero que tendría dificultades logísticas como la creación de nuevos espacios de almacenaje y la gestión de compra de grandes cantidades de granos en el mercado cuando los precios están bajos.
Organizaciones multilaterales: Organizaciones como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) podrían considerar la creación de reservas virtuales. Esto implicaría el aumento de ventas a corto plazo en el mercado spot en momentos de precios altos para reducir precios. Esto sería efectivo en momentos en los que los mercados “sobreactúan” bloqueando exportaciones.
Empresas comerciales agrícolas: a la luz de probables pérdidas de cosechas, estas empresas podrían revisar sus estrategias de inversión en almacenamiento a largo plazo, la utilización estratégica de éstas, así como sus estrategias comerciales. Los gobiernos podrían incentivar el aumento de capacidades de almacenamiento privadas e infraestructuras de transporte.
En general, la disrupción de precios en los granos básicos será cada vez más probable en las próximas décadas. Con base en la experiencia de Covid-19 sabemos que la pregunta no es si shocks externos de escala global se darán, sino más bien cuándo se darán.
Empresas agroindustriales con inversiones bien dirigidas en cadenas de suministros robustos (almacenamientos a largo plazo y relaciones contractuales y comerciales afianzadas) y canales de ventas resilientes tendrán una ventaja comparativa en el caso de un evento de este tipo.
Un empresariado consciente de estos retos y oportunidades en Centroamérica generaría beneficios económicos y al mismo tiempo incrementaría la seguridad alimentaria en toda la región.
