Contribución solidaria en el marco de un plan de reconstrucción económica

La propuesta que presenté hace algunos días para reconstruir la economía de Panamá ha tenido un variopinto de endosos, críticas, sugerencias e inquietudes. Sin embargo, en algunos casos ha causado confusión por quienes podrían haber entendido que se estaría afectando la autonomía, independencia y buen funcionamiento del Canal de Panamá. Es importante aclarar que, en ningún aspecto, la propuesta afecta las operaciones, las finanzas, los activos, los flujos o la estrategia de la Autoridad del Canal de Panamá.

También es importante precisar que como en todo plan de gran relevancia, se requeriría de algunos cambios en las normas actuales, los que sin duda partirían de la premisa que para la sociedad el beneficio de los cambios supera el costo de los mismos.

La propuesta consiste en ceder flujos futuros que le pertenecen al Tesoro Nacional (no al Canal de Panamá). En la versión más reciente de la propuesta se cedería a un fideicomiso el 20% de los flujos del Tesoro Nacional que surgieron como dividendos provenientes del Canal de Panamá durante un periodo aproximado de 36 años. Ello permitiría que se pueda recaudar un monto cercano a 23,000 millones de dólares a través de una emisión internacional.

El producto de la emisión se distribuiría en tres fondos (que también serían fideicomisos) y cuyos recursos se destinarían a: primero, inversión pública; segundo, créditos al sector real; y tercero, a una reserva para estabilización del sector financiero. De los tres fondos solo el primero (aproximadamente USD 8,000 millones) representará deuda neta, debido a que el segundo generará activos crediticios reembolsables y el tercero será un fondo de contingencia. Los dos últimos fondos son reembolsables y cuando ya no sea necesario usarlos, servirían para reducir la deuda pública, incrementar el Fondo de Ahorro de Panamá, reducir la deuda emitida por el fideicomiso o incrementar los fondos disponibles del primero de los fondos.

Una de las inquietudes que me han llegado es el vacío que dejaría en el presupuesto público la cesión de dichos flujos (aproximadamente  400 millones dólares y crecientes a partir de 2022). Dicha disminución podría ser compensadas con la creación de una contribución solidaria, que estaría conformada por el total de los aportes equivalente al 1 por 10,000 de los depósitos (flujos) que recibiría toda empresa o persona natural en una cuenta bancaria de Panamá. Es solidario porque si alguien recibe un depósito por salario de $1,000, su contribución será de $0.10 (diez centavos de dólar), pero si recibe $1,000,000 entonces su contribución será de $100 (cien dólares). Los que más reciben, más aportan. Los que no reciben, no aportan. Es solidario. Con esta modalidad se podría recaudar entre $300 y $400 millones anuales (estimaciones preliminares).

Por otro lado, la contribución solidaria no es un impuesto. Mientras que este último va al presupuesto nacional, una contribución no lo hace porque responde a un propósito específico (por ejemplo, la contribución al seguro social). En este caso la recaudación no iría a la DGI, no iría al presupuesto; sino al Fondo de Reconstrucción, para que en conjunto con los flujos cedidos cubran el servicio de deuda. Luego de ello, el excedente se remitiría como aporte al presupuesto nacional, reduciendo considerablemente la brecha por los flujos cedidos que en primera instancia el presupuesto nacional dejaría de percibir. Los agentes de recaudación serían los bancos de licencia general.

Otra de medida que complementaría la propuesta sería la reducción de gastos corrientes para balancear la disciplina fiscal: reducción de publicidad estatal, tope salarial a empleados públicos (a través de impuesto específico a salarios estatales superiores a un determinado monto), cierre o redimensionamiento de embajadas, así como la eliminación a complementos de remuneración (gastos de representación, viáticos, movilidades) de empleados públicos, entre otros. Todas estas medidas tienen un bajo impacto social, en cambio, existen otras que requieren un momento adecuado para ser evaluadas (por ejemplo, disminución de empleados o recortes de subsidios). El impacto social de tomar dichas medidas sería alto y en plena pandemia no es el momento propicio.

En todo plan de reconstrucción es importante tener en cuenta el apoyo crediticio que se le daría al sector real. El Fondo de Reconstrucción otorgaría créditos a los bancos de licencia general, a interés cero, por un monto estimado de $7,500 millones. Los bancos asumirían el riesgo y prestarían a sus clientes a tasas que tendrían un tope, el mismo que sería fijado por subasta. Esta modalidad también aumentaría la eficiencia del uso de fondos e incluso permitiría que bancos de menor tamaño puedan tomar mayor posición que otros bancos de mayor tamaño. Se propicia la competencia.

Finalmente, una de característica de esta estructura es poder aprovechar las eficiencias del sector privado. Al ser fideicomisos, pueden ser administrados por entidades fiduciarias, que en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Bancos. Serían elegidas a través de un concurso público y transparente. Ello garantizaría un adecuado y eficiente uso de recursos para los propósitos que cada fondo ha sido creado.