Conozca las repercusiones que tiene la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea

Medidas como el monitoreo reforzado de ciertas transacciones económicas, la no deducibilidad de gastos, medidas de retención de impuestos y aumento de riesgo de auditorías para entidades con estructuras que involucren países de la Unión Europea; podrían ser aplicadas a Panamá como posibles consecuencias de su inclusión a la lista negra de la Unión Europea.

Desde hace meses hemos venido escuchando sobre la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea; sin embargo, ¿sabemos el porqué de dicha decisión y los criterios que son tomados en cuenta para ello?

En esta entrega comentaré en forma breve acerca de los criterios que son tomados en cuenta por parte de la Unión Europea para confeccionar la lista de países no-cooperantes a fines fiscales, así como las implicaciones que supone para Panamá su inclusión y permanencia en la misma.

Comentaré sobre los antecedentes y metodología para la adopción de la lista para posteriormente, disertar acerca del impacto que pudiera generar la inclusión y permanencia de Panamá en ella.

La lista de los países no cooperantes para fines fiscales es parte de un proceso de monitoreo continúo implementado por el Grupo del Código de Conducta del Consejo de la Unión Europea.

Para estos propósitos, a partir del año 2016 se utilizan tres criterios de revisión para determinar si una jurisdicción debe incluirse en la lista:

  1. Estándar sobre transparencia fiscal;
  2. Equidad fiscal, esto es, no tener medidas fiscales preferenciales que puedan considerarse nocivas, y
  3. Implementación de los estándares mínimos de la iniciativa BEPS -en español, “Erosión de la base imponible y traslado de beneficios”- de la OCDE.

Dado que este proceso de monitoreo y revisión se mantiene en constante dinamismo, en el año 2019 se modifica el alcance del primer criterio (transparencia fiscal) a fin de considerar los resultados obtenidos en la evaluación de la segunda ronda del Estándar de Intercambio de Información a Requerimiento, realizada por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal.

Al ser Panamá considerado como Centro Financiero Internacional y además miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal de la OCDE (Foro Global), está sujeta a revisiones respecto al cumplimiento con el Intercambio Automático de Información y al Intercambio de Información a Requerimiento, las cuales son ejecutadas en diversas rondas.

En el mes de noviembre de 2019, el Foro Global publicó los resultados de la segunda ronda de la revisión realizada a Panamá respecto del Estándar de Intercambio de Información a Requerimiento, en la cual se implementaron criterios de revisión actualizados. Panamá recibió una calificación de “Parcialmente Cumplidor”.

Conforme a lo establecido por el Consejo de la Unión Europea, Panamá ha sido incluida en la lista de países no cooperantes en materia fiscal porque no obtuvo una calificación de «Cumplidor en Gran Medida” por parte del Foro Global y por no haber resuelto el tema aún.

En la actualización de la lista, publicada el pasado 7 de octubre respecto de Panamá, no fueron identificados temas vinculados a los otros criterios relacionados con la equidad fiscal o falta de compromiso respecto al cumplimiento de los estándares BEPS que pudiesen justificar la permanencia de Panamá en la lista.

Si bien la lista fue adoptada por el Consejo de la Unión Europea, la misma no acarrea consecuencias inmediatas para Panamá derivadas de la inclusión en la lista. Sin embargo, dicha inclusión podría propiciar también que se incluya a Panamá en las listas de cada Estado Miembro de la Unión Europea respecto a países no cooperantes en materia fiscal.

Dentro del marco europeo, se emite una guía a fin de instruir sobre las medidas defensivas en materia fiscal contra los países no cooperantes que podrían ser aplicadas por los Estados miembros. En la guía, se indica que los Estados miembros podrían aplicar medidas administrativas en materia fiscal, así como medidas legislativas específicas.

Respecto a las medidas administrativas se establece que, como mínimo, los Estados miembros podrían aplicar una de las siguientes medidas:

  1. Monitoreo reforzado de ciertas transacciones;
  2. Mayor riesgo de auditoría para contribuyentes que se benefician de los regímenes en cuestión, o
  3. Aumento en el riesgo de auditorías para contribuyentes que utilizan estructuras que involucran a estos países.

Adicionalmente, en cuanto a las medidas legislativas específicas, se establece que, como mínimo los Estados miembros podrán aplicar una de las siguientes medidas:

  • No deducibilidad de costos;
  • Reglas de la compañía extranjera controlada (CFC);
  • Medidas de retención de impuestos, o
  • Limitación de la exención de participación en la distribución de utilidades.

La guía emitida por el Grupo de Código de Conducta establece que los Estados miembros deberán garantizar que por lo menos una de las medidas legislativas específicas descritas anteriormente sea aplicada como máximo a partir del 1 de enero de 2021.

Para finalizar y como he comentado a lo largo del artículo, la mera inclusión de Panamá en la “lista negra” de la Unión Europea no acarrea repercusiones directas para el país; sin embargo, esto pudiese suponer la adopción de medidas administrativas y legislativas de connotación económica por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que podría significar un detrimento en el curso regular de las relaciones económicas que entidades panameñas tengan con entidades domiciliadas en la Unión Europea. Por ello, es recomendable monitorear de cerca la postura que podrían adoptar los distintos Estados Miembros de la Unión Europea respecto Panamá hasta tanto se logre su exclusión de la lista.

Foto principal: Gabriel Rodríguez La Prensa

Michelle Tuñón Alonzo

Senior Internacional de Tax de EY