La digitalización de la economía que la globalización ha promovido y que recientemente ha tomado auge a consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19, abre un interesante debate acerca de las normas vigentes que regulan dichas actividades digitales, poniendo en duda su efectividad y llamando a un urgente consenso mundial.
Pese a que hace algunos años ya existían compañías que ofrecían sus productos y servicios a través de plataformas digitales, durante el 2020 no solamente se incrementó la base de usuarios de estas, sino también el número de negocios, al no encontrar otra vía para seguir ofreciendo sus productos o servicios a través de plataformas digitales, convirtiéndose esto en su principal fuente para seguir generando ingresos.
De tal manera, con la pandemia se ha acelerado la necesidad de establecer y consensuar nuevas reglas en el marco de la tributación internacional. A su vez, la digitalización de la economía expone grandes retos y desafíos fiscales para el mundo, en Latinoamérica y Panamá, como parte integrante del entorno global.
La agenda de la OCDE contempla, como tema prioritario, trabajar en las vulnerabilidades que su proyecto BEPS 1.0 (2015) dejó a la luz con el marco de referencia vigente, pues al basarse en asignar los tributos sobre la base de la presencia física, con la digitalización económica esto queda en entredicho.
Bajo este contexto y ante la ausencia de una respuesta rápida y consensuada en el orden mundial, diversos países han tomado acciones unilaterales y descoordinadas, estableciendo impuestos locales a los servicios digitales. Esto ha causado reacción defensiva y proteccionista de países como Estados Unidos, entre otros, que cuenta con gran número de empresas digitalizadas, respondiendo con amenaza de retaliaciones comerciales y regulaciones restrictivas poco favorables para el intercambio de servicios, lo cual incrementa las disputas fiscales, comerciales e incentiva un clima de incertidumbre, desalentando así la inversión.
Ante este panorama y con el ánimo de restablecer acciones coordinadas que generen confianza, la OCDE ha venido trabajando, como parte de su Proyecto BEPS 2.0, en la elaboración de una propuesta que establezca un marco de referencia consensuado, abordando los retos de la digitalización de la economía. Dicha propuesta se basa principalmente en dos pilares y se espera se logre definir hacia mediados o finales del 2021:
• Pilar 1: busca adaptar el sistema internacional de impuestos corporativos a la era digital a través de cambios significativos en las reglas aplicables a los beneficios de grandes grupos empresariales (limitando el ámbito de aplicación para estas empresas únicamente) para garantizar que la asignación de los tributos sobre los beneficios obtenidos ya no se determine exclusivamente por referencia a la presencia física.
• Pilar 2: tiene como objetivo abordar los desafíos que ha dejado BEPS 1.0 y está diseñado para garantizar que las grandes empresas multinacionales que operan a nivel internacional paguen un nivel mínimo de impuestos (tasa minina de referencia que estaría en discusión y por definir), independientemente de dónde tengan su sede o las jurisdicciones en las que operen sus entidades relacionadas.
Más allá de la digitalización de la economía, lo que principalmente el pilar 2 insta es a restablecer las normas vigentes que permiten que algunos grupos multinacionales tengan la posibilidad de tomar ventaja de su ubicación o la de compañías de su grupo, aprovechando las diferencias entre normativas que aplican en las distintas jurisdicciones, con bajas tasas impositivas; a diferencia de lo que pagan otros negocios locales que no cuentan con ubicaciones con tasas o zonas económicas preferentes.
La principal base de la propuesta del pilar 2 de establecer una tasa de referencia para la tributación internacional traería un gran impacto no solo técnico (especialmente en el ámbito de precios de transferencia), sino también en el funcionamiento y dinámica de las economías de nuestra región que buscan atraer inversión a través de zonas económicas especiales que promueven el crecimiento de negocios por medio de tasas atractivas de tributación.
Dichos incentivos en economías como las nuestras son necesarias para lograr crecimiento, generación de empleos, desarrollo en infraestructura; entre otros.
Es importante revisar entonces con detalle lo que tales pilares pretenden y el impacto que tendría en la región y en Panamá, ya que estas iniciativas al nacer de países desarrollados y con economías consolidadas no consideran ciertas variables propias de nuestro entorno.
Surgen interrogantes y limitaciones del proyecto OCDE: no hay reglas claras, el ámbito de aplicación es limitado, no hay consenso, se deben replantear temas técnicos; entre otros. El objetivo de perseguir que las grandes multinacionales tributen sobre una base mínima sin importar la jurisdicción en la que se encuentren trae a la mesa nuevas reglas que abren espacio a replantear las estructuras empresariales vigentes y, por tanto, retos y oportunidades a nivel corporativo para los contribuyentes y para las autoridades tributarias.
Es interesante tomar como precedente casos de países como Colombia o México, pioneros en tomar acciones unilaterales respecto al tema de la digitalización de la economía buscando fortalecer sus negocios locales, pero que se han enfrentado a un reto tecnológico significativo para lograr la identificación de variables como donde se ubica el consumidor, comprador, vendedor u otro participante de la cadena de comercialización.
Respecto a Panamá, los niveles de digitalización de la economía han mejorado notablemente en el último año según el Índice CAF de Digitalización2, pero el país todavía está rezagado si se compara con otros de la región. Los avances realizados por la autoridad tributaria para innovar en sus plataformas merecen un gran aplauso, pero los programas piloto de temas como las facturas electrónicas y el control de la recaudación en este tipo de transacciones continúan siendo un reto colosal.
Se abre entonces la oportunidad para innovar y formar especialistas tributarios en este tema y de esta forma promover la preparación profesional y técnica de talento humano panameños en esta materia.
Es posible concluir que, por ahora, la puerta está abierta para participar y concluir un debate en el que las acciones multilaterales que se tomen generen beneficios y oportunidades para las economías digitalizadas, en la que no solo pocos actores se beneficien. Está claro que legislar en solitario en esta materia, ocasiona la proliferación de normas nacionales fragmentadas en una economía cada vez más globalizada y sin fronteras.
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