¿Cómo mantener los beneficios fiscales en Panamá-Pacífico?

Mucho se ha hablado en las últimas semanas respecto al nuevo requerimiento de sustancia, desde que a inicios de julio del presente año la Agencia Panamá-Pacífico (“APP”) emitiera las resoluciones de Junta Directiva 004-2020 y 005-2020 (reglamento respecto a lo dispuesto en la ley 66 de diciembre de 2018 para las actividades listadas en los literales h, j y k de la ley 41 de julio de 2004, “el Reglamento”; y su guía, “la Guía”; respectivamente).

Dicho lo anterior, toca entender cuáles son las actividades determinantes para un régimen preferencial a efectos de sustancia, y hacer la separación/distinción entre actividad “principal” y actividad secundaria (de aplicar), considerando lo establecido tanto en el Reglamento como en la Guía.

En este sentido, las actividades principales, a efectos del requerimiento de sustancia, constituirían las esenciales para acogerse al beneficio al impuesto sobre la renta dentro de las listadas en los literales h, j y k de la ley 41 de julio de 2004.

Esta definición es sumamente importante, dado que las actividades que se determinen como principales podrían representar porciones poco representativas de los ingresos de los contribuyentes, por lo cual a efectos de estos últimos las mismas podrían ser consideradas más como “secundarias” o incluso marginales al no formar parte de su core business.

Habiendo hablado de la actividad principal, pasamos a conversar respecto a cómo demostrar la sustancia, y para ello los elementos claves serían el número de empleados y de gastos “adecuados” (no hay máximos ni mínimos) inherentes a dicha actividad, y cómo hacer la distinción entre éstos y los de las actividades secundarias.

El reto en este caso estará en contar con los mecanismos que permitan hacer esta distinción a efectos de demostrar sustancia de la manera más precisa, lo que podría suponer la necesidad de -por ejemplo- implementar hojas de tiempo que comprueben los empleados que laboraron en una actividad u otra y contar con segmentaciones financieras que permitan determinar/evaluar el nivel de gasto en cada caso. Esto realza lo detallado que debe ser el control de todos los recursos de los contribuyentes sujetos al nuevo requerimiento (incluso los tercerizados).

Lo mencionado anteriormente está sumamente en boga dado que el primer período de presentación de la declaración jurada sobre la cual la APP evaluará el cumplimiento de sustancia corresponde al ejercicio 2019, para aquellas empresas que les aplique, y tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2020 (dado que se otorgó una extensión, considerando que el plazo regular es de seis meses posteriores al cierre de cada contribuyente, como en el caso del Informe de Precios de Transferencia Formulario 930).

Al respecto, otro de los aspectos relevantes respecto al requerimiento de sustancia tiene que ver con el análisis de las interacciones entre empresas de un mismo grupo corporativo (precios de transferencia).

Como se mencionara previamente, el plazo para la declaración de sustancia coincidiría con el del Formulario 930, y no es sólo ésta la única relación visible entre ambos reportes, ya que cobra particular importancia para los contribuyentes el poder detallar ampliamente los recursos y gastos propios y tercerizados, dentro de los cuales probablemente hayan interacciones intercompañía.

Es sumamente importante que se cuente con los elementos para que tanto el reporte de sustancia, como el estudio de precios de transferencia (“EPT”), y el Formulario 930 coincidan en el fundamento y sustento de las mismas, en especial considerando que a pesar de que la norma de precios de transferencia tenga más tiempo de vigencia, la misma no requiere tanto nivel de detalle como este nuevo requerimiento de sustancia.

Podrían darse casos en los que los enfoques de los mencionados EPT (precios de transferencia) no vayan en su totalidad de la mano de la información que a partir de ahora se estaría reportando a la APP, ente competente fiscalizador del procedimiento de verificación de sustancia, el cual compartirá información con la Dirección General de Ingresos (“DGI”), quien ya tiene registros intercompañía de los contribuyentes ahora sujetos a sustancia.

Esta situación representa un reto tanto para los contribuyentes como para sus asesores, al requerir llevar a cabo un análisis mucho más minucioso respecto a las actividades principales, e incluso poder replantearse enfoques de análisis de precios de transferencia que ya han sido compartidos con la DGI (el enfoque de las descripciones funcionales será clave, y en lo sucesivo las mismas seguro contarán con un nivel de detalle bastante superior al habitual, tratando -en la medida de lo posible y lo pertinente- de aproximarse a lo que el régimen de Panamá-Pacífico exige para validar sustancia).

Este punto también es importante debido a que el Decreto Ejecutivo 390 de octubre de 2016, el cual detalla la información a ser incluida en los EPT, incluye un análisis de comparabilidad que contenga “cualquier cambio en el análisis respecto al ejercicio anterior”.

Como resumen de todo lo previamente indicado, el nuevo requerimiento de sustancia -y la transparencia que el mismo sugiere- hace indispensable que los contribuyentes sujetos para el régimen de Panamá-Pacífico, revisen a fondo temas que, a pesar de ser parte de su operatividad diaria (incluso si no fueran parte de su core business), probablemente no hayan estado siendo monitoreadas a detalle, so pena de perder los beneficios fiscales que el régimen otorga.

Ronald Pozo Reaño

Gerente de servicios de impuestos y transferencia de precios de EY.