Edicion N░ 1005 | 05 de diciembre de 2017
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la voz calificada

LAS NORMAS DE LA OCDE Y SU CONFLICTO CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES



LEGISLACIÓN

RAUL EDUARDO MOLINA
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Durante  mucho tiempo, algunos abogados le hemos criticado al Gobierno Nacional la adopción de distintas normas impuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) so pretexto de que Panamá debe contribuir a la lucha contra la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.

También se nos han vendido dichas normas como la forma más efectiva de luchar contra el flagelo de la corrupción.

Sobre el tema he manifestado en múltiples ocasiones que la lucha contra el terrorismo y la corrupción debe darse dentro del irrestricto respeto a las libertades ciudadanas, las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.

En ese contexto, llegó a mis manos  el Resumen de Sentencia del Consejo o Corte Constitucional de Francia, del 21 de octubre de 2016, en relación al Registro Público de los Fideicomisos, el cual estableció la obligatoriedad de fijar de forma pública  los administradores, beneficiarios, quiénes constituyen y la fecha en que constituyen un fideicomiso, de acuerdo con normas aprobadas por el nefasto gobierno del señor François Hollande y su ministro de Finanzas, Michel Sapin.

Pues bien, la Corte Constitucional de Francia declaró que el derecho a la privacidad consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de 1789, y que forma parte del texto constitucional de Francia, es violentado por esa disposición legal, porque   ni siquiera define los límites o marcos dentro de los cuales puede ser consultada dicha información, ni mucho menos establece las personas o funcionarios que pueden consultarla.

Hay cosas de Francia que no me gustan, como su sistema impositivo, sumamente depredador con los pagadores de impuestos.  Sin embargo, debo admitir que Francia es un país donde impera el Estado de derecho, tal como lo demuestra la sentencia constitucional a la cual me referí en líneas anteriores.

En Panamá, hay una corriente que, impulsada por el Gobierno y también por parte de la  sociedad civil, propone destruir las estructuras jurídicas de la plataforma de servicios que le han permitido a este país ser un atractivo imán para las inversiones foráneas.

Entre otras cosas, además de los planteamientos ya conocidos de la OCDE, se ha dicho que esas estructuras facilitan los actos de corrupción y permiten a funcionarios corruptos la ocultación de dineros malhabidos.

Pero cuando hacemos una rápida revisión de países con bajos niveles de corrupción (Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Gran Bretaña y sus jurisdicciones de ultramar)  vemos que todos son países con una tradición jurídica de plataformas de servicios muy similar a la nuestra.

La diferencia es que en esos países sí hay una institucionalidad plenamente consolidada y donde el sistema de justicia funciona eficientemente y tiene la plena confianza ciudadana.  Y pese a ello, en esos países, el derecho a la privacidad de los individuos  goza de la máxima protección jurídica y judicial.

Ese derecho a la privacidad tiene dos orígenes puntuales.  Fue establecido en la Declaración de Derechos del Hombre de 1789, como producto de la Revolución francesa y también fue incluido formalmente en 1791, como la IV enmienda a la Constitución de EU, formando parte del llamado  Bill of Rights.  En nuestro caso fue incorporado en la Constitución del Estado Soberano de Panamá, en 1855, así como en la Constitución de Río Negro de Colombia en 1863, y desde entonces, con algunas  modificaciones de redacción, integra nuestro ordenamiento constitucional.

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LA PRENSA/Jazmín Saldaña
El propósito del mismo es garantizar que el ciudadano esté a salvo de funcionarios arbitrarios, de órdenes no motivadas o sustentadas de búsqueda, que afecten la privacidad de ciudadanos decentes y con él se pretendía acabar con la arbitrariedad y absolutismo propio de las monarquías europeas, donde el rey y sus cortesanos  podían en cualquier momento  entrar en las propiedades de los individuos y registrar cuanto quisieran, sin el previo cumplimiento de formalidades legales, porque esa era la voluntad del rey.Este derecho a la privacidad es propio de regímenes republicanos con pleno imperio de un Estado de derecho.

Permitir la erosión de ese derecho fundamental a la privacidad mediante la adopción de normas OCDE, como los tratados de intercambio automático de información (que Estados Unidos no firma, porque violan la IV enmienda antes mencionada) y otras normas ya adoptadas y pendientes de adopción por el Gobierno Nacional, es permitir que la pesadilla de George Orwell de El Gran Hermano, que vigila cada aspecto de la vida de los ciudadanos, presagiado en su novela 1984, se haga realidad.

Peor aún  sería permitir que las autoridades de un país con poca tradición de apego al Rule of Law o Estado de derecho, pueda usar la excusa de la persecución del blanqueo de capitales, evasión fiscal y financimiento del terrorismo, para la persecución de adversarios políticos y de quienes cuestionen las decisiones del gobierno, o de aquellos que simplemente no acatan las caprichosas imposiciones de funcionarios con complejos de monarca absoluto, que tanto abundan en el trópico.Entre esas medidas pretende imponerse una factura electrónica, con una plataforma, servidor y contraseña otorgada por el Gobierno, con lo cual se controlará no solo los inventarios y precios de los productos ofrecidos por los comerciantes, sino lo que compran los ciudadanos, lo que implica una invasión de la vida privada, porque, por ejemplo, de necesitar comprar algún medicamento o alguna prenda de ropa íntima, el Gobierno tendría inmediatamente esa información.

Para perseguir la corrupción, lo que debemos exigir como sociedad es un marco legal y constitucional que elimine el exceso de discrecionalidad de los funcionarios, incluido el presidente.

Que establezca un marco legal y constitucional lo suficientemente rígido y que deje de considerar a los gobernantes como ángeles y empiece a considerarlos como humanos que pueden caer en actos de corrupción y el abuso de poder, y sobre todo, establecer una verdadera e independiente administración de justicia, que se apoye en el Estado de derecho y que sea escrupulosamente observadora del más estricto respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales.

De no hacerlo así, solo lograremos empoderar a quienes pretenden replicar en Panamá las pesadillas de abusos, totalitarismos y la muerte por decreto del entramado social que ya han sufrido en otras latitudes no tan lejanas a nuestras fronteras.

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