Edicion N░ 1002 | 14 de noviembre de 2017
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la voz calificada

IGUALES, PERO SEPARADOS



VICISITUD

MIGUEL A. ARIAS MAMAIS
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El 31 de octubre, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo No. 331, el cual regula las plataformas tecnológicas de transporte, entre ellas Uber y Cabify. Aunque noble la intención  de nuestros mandatarios de regular un servicio público con la intención de “proteger a los usuarios, los prestadores de servicio y la comunidad en general”, su ejecución no podría estar más alejada.

El artículo 3 del Capítulo II del decreto dice: “El transporte de lujo TIC lo puede utilizar cualquier persona siempre y cuando lo solicite y pague exclusivamente de manera electrónica”. Según un comunicado de Uber Panamá, esto limitará el uso de su plataforma a solo el 20% de la población panameña, ya que no todos poseen tarjetas de crédito/débito, lo que indica que la ley le está otorgando beneficios a un grupo específico de panameños, aquellos con tarjetas de crédito y/o débito, mientras que el resto es marginado.

El artículo 49 de la Constitución Política indica que es  deber del Estado “reconocer y garantizar” el derecho de toda persona de obtener “bienes y servicios de calidad”; además  le asegura a la población la “libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.
La Ley No. 16 del 10 de abril de 2002 también prohíbe cualquier acto que “denote alguna discriminación, exclusión, restricción o preferencia” basada en, entre otras cosas, la clase social, y además obliga al Estado a “promover la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por la República de Panamá mediante la Ley 49 de 1967”.

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Es razonable presumir que una ley que restringe el uso de plataformas como Uber a personas con la habilidad de pagar con tarjeta de crédito es un acto que denota discriminación contra clases sociales y va en contra del espíritu y la intención de la ley y la Constitución. Que el gobierno considere a las plataformas tecnológicas de transporte como “de lujo” no le da derecho a decidir quién puede y quién no puede utilizarlas, y mucho menos basándose en algo tan arbitrario como la posesión de una tarjeta de crédito.

El propósito de un gobierno es otorgar herramientas para “nivelar el campo de juego” y darle la oportunidad a cualquier persona, de cualquier clase social, de progresar bajo sus propios términos. Si el beneficio de un transporte público cómodo y seguro solo se le otorga a un grupo en específico, el Estado está efectivamente desnivelando ese campo y dejando en desventaja a
un sector de la población.

El artículo 3 del decreto elimina por completo el derecho constitucional de los panameños a obtener servicios de calidad y a la libertad de elección. Si una persona no es capaz de utilizar un servicio público por el simple hecho de que no puede permitirse el lujo de obtener una tarjeta de crédito, esa persona no está gozando de su derecho de libertad de elección. Peor, al restringir estos servicios de esta manera se le está obligando al resto de la población a recurrir al uso de buses o taxis, los cuales son considerados ineficientes e inseguros por una gran cantidad de panameños.

 En vez de regular y limitar un servicio de transporte público que está a años luz del transporte público panameño,  deberían llevarse a cabo esfuerzos para mejorar las leyes que regulan los otros ámbitos del transporte público.

Se debería exigir que los taxis lleven taxímetro, que estén en óptimas condiciones, que tengan todos sus papeles en orden, que respeten las leyes de tránsito. Este decreto desalienta al usuario del transporte público y lo obliga a buscar otras alternativas para moverse alrededor de la ciudad.

Todos somos testigos del caos que se da en las calles todos los días, y el número de autos que transitan solamente seguirá aumentando mientras que no se creen los incentivos adecuados para usar el transporte público. Lo que necesitamos son servicios de transporte eficientes y disponibles. Esto ayudaría a aliviar el tráfico y, por consiguiente, reduciría la gran cantidad de emisiones de carbono que son producidas diariamente, lo que le daría un bien merecido respiro a nuestro medio ambiente.

Debemos ser cuidadosos y no dejar que el gobierno tome decisiones discriminatorias con la excusa de que nos están “protegiendo”. El Decreto No. 331 le dice muy claro a todos los panameños que somos iguales, pero separados en clases sociales, y nuestros beneficios son otorgados respectivamente.

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