Edicion N 759 | 18 de diciembre de 2012
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NUEVAS HERRAMIENTAS LEGALES PARA EMPRESAS



LEY 85

ÁLVARO SANTANA
alvaro.santana@prensa.com

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Panamá es al mundo empresarial lo que el Real Madrid o el Barcelona al fútbol. Es una de las pocas economías cuyo músculo económico son los servicios. De hecho, el número de empresas registradas supera las 350 mil, una cantidad que solo supera Hong Kong, que llega a las 400 mil. 

Las hay de todo tipo, pero la mayoría son servicios: banca, seguros, logística,  transporte, negocios offshore, importación y/o exportación, etc., y acumulan cerca del 70% del producto interno bruto nacional.

Si Panamá es uno de los destinos favoritos para empresas de todo el mundo, debería tener una legislación completa y adaptada a los constantes cambios de este sector. Sin embargo, algunas figuras jurídicas que afectan a la constitución, funcionamiento o disolución de empresas siguen sin estar todo lo desarrolladas que deberían.

Es el caso de dos conceptos que la legislación no recogía hasta ahora: escisión y reactivación, que a través de la Ley 85 de 22 de noviembre de 2012 “modifica y adiciona artículos al Código de Comercio para establecer la escisión como forma de reorganización empresarial y la reactivación de sociedades cuya disolución haya sido voluntaria”.

El encargado de llevar el proyecto a la Asamblea fue el diputado oficialista Raúl Hernández —al que Martes Financiero trató de contactar en varias ocasiones, sin éxito—.

Sin embargo, el padre ideológico de la nueva ley es el abogado Juan Pablo Fábrega, un estudioso del derecho que hace tres años ya denunciaba la ausencia de una norma que regulara la escisión y reactivación. 

“En realidad no se ha inventado la pólvora, sino que se ha adaptado lo que hay en otros países. Panamá ha salido de las listas negras, firma tratados de doble tributación y los inversores ven al país como una plaza atractiva, por lo que tenía que tener una regulación”, dice.

Hace dos años este abogado se sentó a desarrollar el tema “de forma académica”. El texto que de allí salió terminó en las manos del diputado Hernández, que “lo acogió como propio, hizo unos cambios importantes y se aprobó una ley que modifica y adiciona el Código de Comercio”, señala Fábrega.

Contenido legal

El documento incorpora a la legislación panameña los conceptos de escisión y reactivación de sociedades mercantiles.

El primero “viene a ser el acto inverso a una fusión”, dice Luis Laguerre, socio de la consultora KPMG. “Para el manejo de sociedades a veces es necesario que se escindan, que se dividan —dice—. El patrimonio de la matriz pasa a estar dividido en distintas sociedades. Algunos pasivos y activos son transferidos a las nuevas, llamadas beneficiarias, y lo que antes estaba en una entidad ahora está en varias”.

Según este experto, “es una norma que hacía falta para que nuestro régimen de sociedad anónima esté más actualizado”.

En la misma línea se manifiesta Adolfo Linares, del despacho Tapia, Linares y Alfaro. “Esta ley significa un gran avance para nuestro desarrollo legislativo. La escisión es una figura que está regulada en otras jurisdicciones, pero en Panamá había un vacío que esta ley llena, puesto  que ha de servir para facilitar la reestructuración corporativa de las empresas”.

Laguerre aprecia varios beneficios con la incorporación de esta ley: efectos administrativos “porque permitirá administrar cada entidad de forma distinta”; en procesos de venta, “si una compañía quiere desprenderse de una parte del negocio, podría escindirlo en una nueva sociedad y vender esa unidad sin afectar al resto”; para conseguir financiación, “una empresa puede escindirse para mantener una estructura financiera adecuada, atraer nuevos socios y obtener nuevo financiamiento”; para diversificar el riesgo corporativo, “y que unos activos de la empresa no afecten el funcionamiento y el manejo de otras líneas de negocio”, etc.

Marcha atrás

La otra figura que incluye la ley es la reactivación. Juan Pablo Fábrega explica su significado con un ejemplo. “Imagine que se inicia la disolución de una compañía que entra en proceso de liquidación. Esta liquidación implica  el cese de nuevas operaciones, el cobro de créditos, el pago de las deudas y el reparto del excedente entre los socios”.

“Puede que después los socios se den cuenta de que fue una mala decisión o descubren que hay un activo que no estaba registrado ni contabilizado y deciden echar para atrás”, esa sería la reactivación, según Fábrega.

“Eso sí, para que pueda darse la disolución, tuvo que iniciarse por decisión voluntaria de los socios, no  por ninguna norma o por decisión de un tribunal, en estos casos no se puede dar la reversión porque los accionistas no tienen capacidad de decisión”.

En este sentido, el abogado destaca un nuevo artículo introducido en la ley  que otorga a los accionistas la capacidad para destituir o reemplazar a los miembros de la junta directiva, “algo que antes no se podía tocar y convertía a los accionistas en ciudadanos de segunda al no poder ejercer los derechos”.

Ni Fábrega ni Laguerre creen que esta ley pueda utilizarse para conseguir algún beneficio fiscal o para eludir responsabilidades legales, ya que establece que las compañías beneficiarias y la escindida son solidariamente responsables sobre las obligaciones transferidas a la beneficiaria.

“No está concebida como una herramienta para buscar ventajas fiscales”, dice Fábrega. “La norma no debiera entenderse como un vehículo para distraer la responsabilidad”, agrega Laguerre. 

El socio de KPMG Laguerre considera que “si algún accionista o  acreedor siente que sus intereses están siendo menoscabados como producto de la escisión, la  beneficiaria sigue siendo responsable sobre los pasivos hasta el monto de los activos que recibió”.

No todo es oro

El propio Laguerre advierte que la ley “va a necesitar alguna reglamentación para hacer más claro el tratamiento fiscal”.

Más crítico se muestra Olmedo Arrocha, de Arrocha & Associates. Este abogado reconoce que le queda “la impresión y/o percepción de que con esta figura podría evitarse el pago de impuestos de transferencia de acciones.  Además, quedo con la inquietud de si la solidaridad de la que habla la ley permitiría que los efectos, por ejemplo, de la quiebra, alcancen a la sociedad beneficiada”.

Arrocha confía en que en su elaboración  hayan intervenido expertos “con visión clara del derecho, y que sus razones no sean para engendrar conflicto sino para resolver situaciones y dificultades reales del comercio en general. Ojalá no sea una ley para beneficiar a un sector o grupo de personas en particular y que no sea por intereses coyunturales”.

Eso lo sabremos con el tiempo pero, por ahora, lo que hay es una nueva norma que moderniza la legislación mercantil.

 

 
 
 
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