NECESIDADES. Xiomara Díaz vive en Nueva Esperanza, Arraiján, sin luz, sin alcantarillado y sin carreteras asfaltadas. LA PRENSA/Bienvenido Velasco

Luciana es una joven indígena que llegó a Panamá desde Gunayala hace ya tiempo. Tiene una hija de 12 años. Luciana no está casada, la violaron cuando era adolescente. Apenas tiene 30 años pero sabe perfectamente lo cruel que puede ser la vida de una inmigrante. Vive a las afueras de Arraiján, en Loma Cová, en una casa de una sola habitación, junto a la familia de su hermano. En total, 14 personas. Aún así, está mucho mejor que antes, el dueño de la casa en la que vivía llegaba bebido y abusaba de ella. A veces pensaba en volver a la comarca, pero por la educación de su hija decidió quedarse. Luciana es un nombre ficticio: aún tiene miedo de aquel hombre.

Ahora, machete en mano, va junto a otros hombres y mujeres, a limpiar una escarpada ladera en un monte cercano, en la que llaman “nueva invasión”. Lo único que quiere Luciana es un sitio en el que construir, con tablas y cinc, una casa para vivir.

Como ella, miles de inmigrantes llegan cada año a la ciudad con un sueño: mejorar su vida, darles una educación a sus hijos y salir del complicado círculo de la pobreza. Pero la realidad es que Luciana y su hija forman parte del 25.8% de panameños que vive por debajo del umbral de la pobreza —menos de 2 dólares diarios— según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Como ellas dos, otras 70 mil 789 personas llegaron a la ciudad desde el interior en el periodo 2005-2010, fecha del último censo oficial.

La procedencia de los inmigrantes es variada y responde a diferentes razones. “El chiricano que emigra lo hace más bien con trabajo conseguido o por estudios”, apunta José Chen, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa). “En Los Santos no es así”, continúa Chen, “cada día hay menos población, solo quedan los viejos, están cerrando escuelas y negocios, no hay médicos...”. Los santeños que salen de su región se instalan mayoritariamente en Panamá: San Miguelito y La Chorrera, especialmente, aunque hay colonias fuertes en Capira y Darién. José Chen apunta otros comportamientos, como que el colonense “no suele migrar porque hay mucho trabajo allí. En Coclé y Veraguas sí,  pero menos que el santeño. Y el bocatoreño normalmente no emigra”.

Chen advierte también de la inmigración extranjera “que no siempre son los que uno llama niveles ejecutivos, solo hay que ver la cantidad de colombianos, dominicanos, centroamericanos, sobre todo de Nicaragua, entre 300 mil y 400 mil personas en un país de 3.5 millones”.

Preguntado sobre las condiciones en las que viven estas personas, Chen recuerda lo que le dijo un antiguo ministro de Salud: “El tipo que migra a la capital —me comentaba—, y va a  un barrio marginal, está viviendo, a pesar de todo, mejor que en su campo. Independientemente de dónde sea, allí hay una escuela a la que su hijo puede ir y tiene acceso a un hospital más cerca que donde vivía antes. El tipo ‘camaronea’ y gana el doble o el triple que como jornalero.  Dime,  ¿dónde tiene mejores perspectivas para su familia? En el campo con el abandono o aquí donde el hijo puede ir a la escuela, donde sí tiene un hospital cerca, donde va ‘camaroneando’ y tiene platita para sobrevivir”. “Para cualquiera de nosotros, esa vaina sería insoportable, para él, es mejor de lo que tenía”, concluye Chen.

En primera persona

Sonia Henríquez es la  presidenta Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conamuip), pero también es una inmigrante. “Pasé la niñez en mi comarca Gunayala. Mis padres pensaban en nuestro futuro y me mandaron a Panamá, crecí con una familia, pero nunca he dejado de pensar en esa comarca”, dice Henríquez.

Según  esta férrea defensora de los derechos indígenas, “la mayor parte de la migración interna de Panamá se dirige al distrito de Arraiján. Hay unos 12 mil indígenas aquí, entre gunas, emberás y ngäbes, yo  misma soy parte de esa lista de migrantes que prácticamente estamos en la supervivencia”.

Eustacia Jiménez es ngäbe, creció en la comarca hasta que sus padres la enviaron a   San Miguelito, “allí pasé mi juventud y de allí me vine a Arraiján hace 15 años, porque allá no teníamos vivienda y estábamos hacinados; aquí tengo un hogar para mi familia”. Eustacia reconoce que su situación ha mejorado en la ciudad  aunque “no se puede decir que viva 100% mejor, la educación  la tenemos al alcance, pero no es igual, aquí hay falta de agua, de economía, etc. Cuando uno emigra a la ciudad tiene  que volver a luchar por una calle, por el agua corriente y por unas mejores condiciones de vida”.

Menos afortunada es Uligtidili Denis, de origen guna y que apenas habla castellano. Con poco más de 25 años tiene seis hijos y su único sueño es un techo para su familia. De momento vive en un cuarto alquilado, y junto a otros indígenas de la zona está limpiando la maleza de un monte cercano donde planean construir su vivienda. “Salí de mi tierra porque quería un mejor porvenir para mi familia, ver cumplido el sueño de que mis hijos sean profesionales el día de mañana. No sólo los no indígenas tiene  derecho a llegar a ser profesionales, nuestros hijos también tienen derecho, por eso estoy aquí peleando para tener una casa propia”, cuenta.

Más tajante se muestra Xiomara Díaz. Ella fue vicepresidenta de la comunidad de Nueva Esperanza, una de las más pobres de Loma Cová, y sabe de lo que habla. “Llevamos aquí nueve años”, dice, “y no tenemos nada de nada, necesitamos   casas, calles, luz, agua... Martinelli dijo que iba ayudar a los pobres pero no lo ha hecho, ¿qué ha hecho por nosotros? Nada”. Nueva Esperanza es un pequeño asentamiento donde se apiñan  18 familias (más de 100 personas) en otras tantas casas de cinc, que carece de caminos asfaltados y luz eléctrica, y donde las fosas sépticas las han construido los propios habitantes.

“Se olvidan de nosotros. Seguimos esperanzados en una vida mejor, pero nadie nos ayuda, nadie nos visita. Seguro que el día de mañana, cuando se acerquen las elecciones, aparecen”, sentencia Xiomara.

“La mayor parte de la población indígena que llega de las comarcas sale de allí para darle una educación a sus hijos, pero al llegar encuentran otra realidad, las cosas no son tan fáciles como en las comarcas, donde cada uno tiene su propia tierra, su vivienda. Al llegar tienen que afrontar el costo de la vivienda y conseguir un empleo”, señala Sonia Henríquez, quien asegura que  “aquí hay muchas familias que viven en la pobreza por el desempleo, la mayor parte de los jóvenes están desempleados”.

Las cifras hablan

Situaciones como esta ponen contra las cuerdas la gestión social de un Gobierno que ha conseguido hacer crecer al país a un ritmo de casi el 10% anual, pero que permite que uno de cada cuatro panameños viva con menos de 2 dólares al día, cuando la  renta media superaba los 13 mil dólares por persona al año en 2011 (35 dólares diarios), según el Índice de Desarrollo Humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Panamá es también el décimo país del mundo en el que la brecha entre ricos y pobres es más amplia.

Para el director de Inversión Social y Redes Territoriales, del Ministerio de Desarrollo Social, Luis Moreno, la idea de las políticas del Ministerio que dirige Guillermo Ferrufino  es “que poco a poco podamos reducir la pobreza. Decir erradicarla sería algo deshonesto,  lo cierto es que  hay que reducirla porque en realidad la pobreza no descansa, hay que ir a algún ritmo”. 

Lo cierto es que en el período 2002-2010, la pobreza en Panamá se redujo de 36.9% al 25.8% según el informe Pobreza infantil en pueblos indígenas y afrodescendientes, elaborado por Cepal y presentado en mayo de este mismo año. Especialmente crítica es la situación en las zonas rurales, donde 44.8% es pobre, mientras que en las áreas urbanas la cifra se reduce hasta el 15.1%.

Pese a que más del 90% de los panameños estaban alfabetizados en 2010, el tema de la educación sigue siendo uno de los problemas del país. Entre los indígenas que residen en núcleos urbanos,  4.6%  no ha tenido acceso a la educación, proporción nueve veces mayor que la registrada para la población no indígena; en las zonas rurales la proporción se eleva a 15.7% y la brecha aumenta a 9.9 puntos.

La vivienda es otro de los grandes déficits de la población pobre.  82.7% de los indígenas en Panamá tiene una vivienda que el informe de Cepal considera “con privación severa de condiciones”. Otro  11.6% vive en condiciones de privación moderada. Entre los no indígenas las tasas se sitúan en  34.5% y  20.3%, respectivamente.

Responsabilidad del Gobierno

El representante del Mides Luis Moreno apunta que las políticas sociales del Gobierno “van dirigidas a las clases más desfavorecidas”. De forma específica, Moreno hace referencia al programa que él mismo dirige denominado redes territoriales, que según él “está enfocado en el capital humano para poder reducir la pobreza en las comunidades”. El programa en cuestión brinda diferentes tipos de capacitaciones (modistería, sastrería, construcción, ebanistería, reparación de celulares, etc.) a personas en dificultades sociales para que puedan llevar a cabo una labor profesional. “Nuestra idea es no darle el pescado sino enseñarle a pescar”, dice Moreno.

Su homóloga al frente del programa “100 para los 70” (destinado a ancianos sin jubilación), Jessica Pérez, dice que programas que ella dirige, como Red de Oportunidades (para familias pobres) o la Beca Universal (que busca frenar la deserción escolar) “han disminuido la indigencia y la pobreza de 27% a 35%.

“Sabemos que hay adultos mayores que no merecen estar en el programa 100 para los 70 porque la Ley fue muy amplia al principio. Ahora el Ministerio está luchando para que entre  el que  cumpla los criterios de marginación, vulnerabilidad, riesgo social, pobreza o pobreza extrema”. En tres años el programa ha repartido 301 millones a cerca de 130 mil adultos mayores.

En este sentido, José Chen, de Fudespa, apunta que  en Panamá “el tema de la pobreza debería ser  estructural y el Gobierno se fue por temas coyunturales. De México copió 100 para los 70 y de Brasil la Beca Universal. Eso alivia  pero no cambia la estructura de la pobreza panameña, sino que crea paternalismo. Es muy típico de los gobiernos que no tienen un plan nacional para enfrentar los problemas”.

Problemas asociados

PANORAMA. El tema de la educación sigue siendo uno de los principales  problemas del país. LA PRENSA/Bienvenido Velasco

Además de las dificultades de vivienda, sanidad o infraestructuras asociadas a la inmigración interna incontrolada, este fenómeno trae consigo otros problemas en los lugares de origen de los inmigrantes.

Jorge Rodríguez es sociólogo, demógrafo y consultor de Celade, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. En su opinión, la ciudad de Panamá mantiene “un imán  impresionante. Llegan migrantes de todo el país”. El magnetismo va más allá de las fronteras, “en muchos sentidos”, dice Rodríguez, “Panamá no compite con ninguna otra ciudad del país, ni siquiera de Centroamérica, sino con Miami (Estados Unidos) y con las grandes ciudades de América Latina. Según nuestros cálculos, entre 2005 y 2010 llegaron a la ciudad desde el interior 71 mil personas”.

“La situación de los migrantes”, continúa el representante de Cepal, “siempre va a ser mejor en la ciudad que fuera. Si la gente se va de un sitio no es casual, es porque realmente no tiene oportunidades, y muchos ven mejoradas sus condiciones de vida de forma directa. Podrán estar trabajando una jornada muy dura, podrán estar siendo explotados, pero tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela o ir a un centro de salud, que es la oferta que da la ciudad”.

Rodríguez, advierte de los peligros de la migración interna “migrar dentro del país es un derecho inalienable dentro de la Carta de Derechos Humanos y ningún gobierno debería impedir el movimiento. Sin embargo, hemos detectado que   esa migración tiene un efecto muy devastador para las comunidades de origen, porque los que emigran  suelen ser los más jóvenes, la fuerza de trabajo más cualificada, los que tienen más empuje, gente dispuesta al sacrificio. Los que se van quedando son los niños o los adultos mayores”.

La solución, según Rodríguez, pasa por  retener a la población en sus comarcas, “no mediante decretos, sino ofreciendo  oportunidades para que le gente no tenga que irse a la ciudad”.

En este sentido, Alberto Brenes, jefe de la Misión de Panamá de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), incide en que “en el caso de Panamá, hay una altísima concentración de servicios que solo se brindan en la capital, por lo que es razonable que la gente emigre hacia allá solo para tener acceso a esos servicios y oportunidades de desarrollo que probablemente no tendrían en sus ciudades o regiones de origen”.

POBREZA EN NÚMEROS

44.8%
De los habitantes de las áreas rurales de Panamá vive por debajo del umbral de la pobreza.

50%
Casi la mitad de las viviendas de Panamá están en malas o muy malas condiciones de habitabilidad. En el caso de los indígenas supera el 90%.

$35
MAL REPARTO. La renta media del país es de $35 diarios (13 mil dólares anuales). Casi un millón de personas sobrevive con menos de $2 al día.