SIN CONEXIÓN. Zonas como el Casco Antiguo no están cubiertas por los operadores convencionales. LA PRENSA/Luis García

A ver, qué le parece esta oferta: internet residencial de 1 Mb de velocidad sin límite de descargas por $13.95. Interesante, ¿verdad? Pues si vive en zonas como Casco Antiguo, algunas áreas de La Chorrera o Arraiján ya puede olvidarse de ella porque las grandes operadoras  no ofrecen servicios residenciales en algunas  áreas pese a tener, por ejemplo, ofertas corporativas para empresas u organismos oficiales a pocos metros de distancia de las viviendas.

¿Qué opción le queda si quiere tener internet en su residencia? Contratar un operador inalámbrico que habitualmente aprovecha la ausencia de competencia para cobrar unos precios elevados, entre $35 y $130 por una sencilla conexión de 2Mb, o un paquete de datos con una operadora de telefonía con un límite mensual de descargas muy reducido.

Lo cierto es que la situación tiene difícil arreglo mientras las grandes operadoras no inviertan en todas las zonas. El sector está liberalizado desde enero de  2003, por lo que el Gobierno poco o nada puede hacer para obligar a las compañías a ofrecer servicios universales de calidad.

Según Abdiel Gutiérrez, vicepresidente de asuntos corporativos de Cable & Wireless, la empresa “no hace diferenciaciones por áreas geográficas ya que la disponibilidad de servicios es amplia en todo el territorio”. 

Preguntado por la ausencia de cobertura en áreas de Casco Antiguo, Arraiján o La Chorrera, Gutiérrez afirma rotundo: “el Casco, como todas las áreas urbanas de la ciudad,  está debidamente cubierto por nuestros servicios de internet”. Sin embargo, reconoce que puede haber “casos puntuales en edificios nuevos o restaurados que no han sido cableados por distintas razones que van desde la programación de la empresa para entrar en ellos hasta  los trabajos de infraestructura que se realizan en el área”.

Desde Cable Onda,  su gerente senior de mercadeo, Manuel García, reconoce la dificultad de la compañía para llegar a algunas áreas que son “de difícil acceso o inclusive áreas rurales con mucha distancia entre casas, lo cual implica costos muy elevados para poder ofrecer el servicio de una manera rentable”.

García apunta, además, que la seguridad de sus empleados es “muy importante, y si hay algún barrio que es considerado zona roja, podría quedar excluido para salvaguardar sus vidas”.

Ambas compañías aseguran tener cubiertos todos los barrios de la ciudad. Sin embargo, según un sondeo no científico  en www.prensa.com, el 34.4% de los usuarios afirma tener problemas para conseguir un proveedor de internet residencial en el lugar donde vive.

Los usuarios responden

Uno de los afectados es Guillaume Le Pape, que ha vivido cuatro  meses en el Casco. Cuando llegó llamó a Cable Onda y a Cable & Wireless “pero las dos me dijeron que no podían ofrecerme el servicio en esta zona”. Hugo Hernández  acaba de trasladarse allí hace una semana y tiene el mismo problema: “Vivimos en un edificio  recién rehabilitado donde hay más de 20 apartamentos, no entiendo cómo no está cableado”, dice.

En el distrito de Arraiján, las opciones de internet inalámbrico que ofrecen  Digicel o Claro son las de mayor demanda, no solo por las formas de pago, sino porque existen sectores como Nuevo Emperador, donde los operadores convencionales no ofrecen sus servicios. De acuerdo con el alcalde de Arraiján, Manolith Samaniego, la brecha tecnológica aún continúa siendo grande en este distrito.

Según la profesora Niura Rodríguez, en el corregimiento de Nuevo Chorrillo, en donde reside, como los operadores convencionales no llegan le ha resultado más conveniente contratar  el servicio de internet móvil que una línea inalámbrica. Y en el distrito de  La Chorrera también hay usuarios de  áreas rurales sin  servicio de internet.

¿Quién gana aquí?

Los usuarios, al menos de estas áreas, evidentemente, no. Cuando las grandes operadoras optan por no cubrir una determinada zona —por lejanía, peligrosidad o simplemente porque les resulta poco rentable— entran en juego  otras empresas que aprovechan este vacío para introducir sus productos, por un precio mucho mayor.

Sin embargo, la ley las ampara, el mercado está liberalizado y cada compañía es libre de instalarse donde mejor le parezca o donde considere que sus beneficios puedan ser mayores.

Roman Kogan dirige una de estas empresas, PaNetma. Kogan asegura  que en los lugares en los que su empresa ofrece internet inalámbrico hay otras compañías como Mobilnet, Wipet o Si  Wireless operando, y que en casi todo el país hay acceso a la red 3G para conectarse a través de un dispositivo portátil. “No somos los más baratos, mucha gente sólo busca algo barato —incluso aunque no sea bueno—, pero ese no es nuestro mercado”.

Competencia en duda

Desde 2003 los servicios de telecomunicaciones están liberalizados, señala Ernesto Díaz Araúz, jefe de Estrategias Regulatorias de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), “por eso no hay una iniciativa del Estado de interactuar en este mercado”.

Araúz reconoce que “llevar una señal a las montañas o a las playas cuesta mucho dinero” y señala que “lo del mercado de competencia es relativo, no en todos los sitios hay competencia, es totalmente cierto”.

Para el ingeniero de la Asep “hay muchos sectores en los que de repente el operador no está interesado. Ahí sale un tercero o cuarto operador que agarra esa área nada más y se quiere aprovechar del sector y vender un producto  caro cuando sabe que más nadie está interesado en llegar allá. Pero esa una decisión empresarial, y algo que no hay cómo evitar, ya que el precio no está regulado.”

(Con información de Eric Montenegro)