Edicion N° 722 | 27 de marzo de 2012
Inicio Panel Principal PP Panamá Relieve Dossiers
 

dossier

EL APARTAMENTO DEL HORROR



DERECHOS

ÓSCAR CASTAÑO LLORENTE
ocastano@prensa.com

|

imagen

PACIENCIA. Desde mayo de 2006 se han interpuesto 2 mil 603 quejas en la Acodeco. LA PRENSA/Iván Uribe

Las losas del piso empezaron a saltar sin parar, como si el apartamento hubiera padecido un acceso de tos repentina. Solo estaban los niños —dos hermanitos, de tres y ocho años de edad— que jugaban Playstation 2 en la habitación de ambos.

El mayor soltó su control, lanzó a su retador contra la pared y corrió a través de un corredor de seis metros, la zona “de guerra”, hasta la sala donde estaba el teléfono. Llamó a su papá a la oficina y  le dijo: “Papi, el piso se revienta”.

De ello hace 4 años. El papá de los niños, Eduardo Gotti, recuerda esa tarde  como la cima de una serie de dramas sucesivos a partir del deseo de comprar un apartamento nuevo y propio para él, su esposa y sus dos hijos.

“Primero tuvimos problemas con el contrato de promesa de compraventa; luego con la entrega del apartamento; después con la recepción de las escrituras; a los pocos meses aparecieron las grietas y las inundaciones; y a los tres años, la reventada de las baldosas”.

Sin saberlo, Eduardo Gotti agotó por sí mismo la lista de quejas interpuestas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa a la Competencia (Acodeco) desde el boom inmobiliario.

La cronología de los reclamos de los compradores  se inició con los problemas surgidos al firmar el contrato de promesa de compraventa con cláusulas abusivas. Después se pusieron “de moda” las entregas incumplidas. “Y en la actualidad la tendencia son los vicios de construcción y vicios de garantías”, asegura Ramón de la O. Fernández Sinisterra, jefe de defensoría de la Acodeco.

El apartamento de los Gotti mide 64 metros cuadrados, se encuentra en el último piso de un condominio de edificios en Río Abajo, tiene dos habitaciones y costó 45 mil dólares. Eduardo Gotti lo negoció mediante un contrato de promesa de compraventa y lo apartó con $500.

Como el salario le impedía calificar para un financiamiento bancario, duplicó sus horas laborables para acumular una cuota inicial del 40% del precio. Este esfuerzo le tomó 18 horas diarias los siete días de la semana durante seis meses.

El contrato de promesa de compraventa es la mejor opción para las personas sin dinero en efectivo para pagar al contado, afirma Norma de Torrijos, abogada de la firma World Wide Legal Consulting.

A través de él, explica la jurista, el comprador fija sus políticas de financiamiento con el banco. Establece plazos y condiciones con el vendedor (promotora). Puede ir viendo el estado de las obras, si el inmueble es nuevo y se compró sobre planos o en obra gris. E ir haciendo abonos que forman parte del precio. “El que tiene el dinero en efectivo, firma contrato de compraventa”.

Yo promotora

En la promesa de compraventa ocurre a veces que el vendedor impone cláusulas abusivas, entre ellas las prórrogas de los plazos de entrega del inmueble al comprador, sin previo aviso ni mucho menos previo consentimiento. O que al comprador le declaren la terminación del contrato por el incumplimiento de pago de un abono. La lista es citada por Norma de Torrijos.

Algunas promotoras deciden de manera unilateral quedarse con los abonos hechos por el comprador cuando éste incumple uno o varios pagos. “Presenté una demanda en representación de un cliente mío que salió del país, y en su ausencia le cobraron una cuota extraordinaria, adicional, de la cual nunca fue notificado por la inmobiliaria. El apartamento está a la venta”.

En caso de incumplimiento del contrato, explica la abogada, el comprador puede solicitar la devolución de su dinero o el cumplimiento del contrato, la indemnización y el pago de perjuicios patrimoniales como daño emergente y lucro cesante.

El primero obliga  a pagar por los inconvenientes ocasionados (arrendamiento de otra vivienda mientras entregan el bien comprado, por ejemplo), y el segundo exige el reconocimiento pecuniario de las ganancias dejadas de percibir en un tiempo determinado (rentas o intereses).

Es ilegal en los contratos la cláusula de arbitraje impuesta de forma unilateral por la promotora, asegura Fernández Sinisterra. Consiste en la solución de conflictos ante un  tercero. “Solo es legal cuando las partes de mutuo acuerdo así lo señalen en el contrato. El contrato es ley para las partes”, recalca Fernández.

Eduardo Gotti fue haciendo sus abonos en las fechas pactadas, con la rigurosidad de un cobrador de impuestos. Pero de vez en cuando se paseaba por el lote donde construirían el edificio y no veía nada, ni el socavón ni los pilotes. Parecía la parcela triste de un cementerio. Y en efecto,  le incumplieron la entrega del inmueble en el tiempo pactado. “Lo entregaron al año”.

Cuentas alegres

Los Gotti finalmente dejaron la casa de los padres de Eduardo y se cambiaron a su flamante apartamento, el último del edificio, con balcón y vista a la ciudad. Y al terminar la mudanza  de una nevera, tres camas, un televisor, dos abanicos y una vajilla, Eduardo cayó en la cuenta de la ausencia de cajillas para las lámparas y de otros acabados. “Reclamé a la promotora y me dijo que eso era responsabilidad de la constructora”.

El consumidor debe reclamar a quien le vendió el bien, y hay responsabilidad solidaria entre el vendedor y el constructor. Si se trata de vicios ocultos (defectos no reconocibles en la entrega), puede reclamar  por un período de 5 años, contados a partir de la entrega. Si tiene conocimiento de una falla, cuenta con un plazo máximo de un año para exigir el arreglo, asegura Fernández.

Hasta hace unos años la promotora se encargaba de obtener el dinero del inversionista y de la venta del proyecto. La construcción de la obra la dejaba en manos de un constructor. “Ahora no, ahora sucede una horizontalidad en el mando, y en consecuencia la responsabilidad se ve diluida entre 15 o 20 subcontratistas. Quieren achacarle la culpa al contratista de la mayor parte de la obra”, alega un vocero de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Los compradores de vivienda tienen el derecho de exigir la reparación de los daños a la promotora y esta debe pagar los arreglos en el tiempo estipulado por la ley, recuerdan  la Capac. “Pero también deben ser diligentes, preguntar por otros proyectos realizados con anterioridad por esa firma, ir hasta los sitios a constatar los hechos, hablar con los compradores”.

Es decir, que no deben esperar a que las losas del piso salgan disparadas, para darse cuenta de que hicieron  un pésimo negocio. Que lo diga Eduardo Gotti.

imagen

 

 
 
 
Traducir esta página
 
 
 
 
 
SUPLEMENTOS
Ellas Virtual
Aprendoweb
Pulso de la Nación
Recetario
WKD
 

© 2010-2011. Editorial por la Democracia S.A.  Derechos reservados.

Teléfono: (507)222-1222 Apartado 0819-05620 El Dorado
Ave. 12 de octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá

Ediciones anteriores | Nosotros | Email