Edicion N 717 | 14 de febrero de 2012
Inicio Panel Principal PP Panamá Relieve Dossiers
 

la voz calificada

Repercusiones del Fatca en Panamá



NORMA

CAMILO A. VALDÉS M. / Abogado de la firma Tapia, Linares y Alfaro
mf@prensa.com

|

Estamos a escasamente un año para que entre en plena vigencia la ley conocida como  Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca).

A través de la mencionada ley, Estados Unidos aplicará extraterritorialmente a las entidades financieras, incluidas las bancarias, que se encuentren fuera de su jurisdicción, disposiciones para que las mismas informen directamente al Servicio de Rentas Internas (IRS) del Departamento del Tesoro sobre las cuentas o inversiones que generen ganancias fuera de su territorio fiscal e igualmente, pretende implementar un régimen de retención del 30% sobre ingresos fijos generados en  Estados Unidos, a aquellas instituciones financieras que no quieran dar información o no quieran tener un acuerdo vinculante con el IRS para tales fines. Todo esto, con el objetivo de evitar abusos y luchar contra la evasión fiscal de sus contribuyentes.

Adicionalmente a los problemas operativos y los gastos en que tendrían que incurrir los bancos e instituciones financieras panameñas, de aplicarse esta ley en nuestro país —todos argumentos muy válidos e importantes— hay que tomar en consideración aspectos constitucionales y legales que a nuestro entender, dificultan la aplicación de dicha ley en Panamá.

Además, habría que replantearse o analizar nuevamente la política de Estado que viene llevando a cabo nuestro país desde finales de 2009, para la negociación de tratados tributarios que implican el intercambio de información fiscal, ya sean estos para evitar la doble imposición internacional en renta y capital o tratados de intercambio de información tributaria, como el que tenemos en plena vigencia desde el 18 de abril de 2011, precisamente con  Estados Unidos de América.

Nuestra Constitución en su artículo 4 consagra que Panamá acata las normas del derecho internacional público y en su artículo 17, establece que nuestras autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales donde quiera que se encuentren y de los extranjeros que estén bajo su jurisdicción.

Por tanto, se desprende de dichas normas constitucionales lo siguiente: En primer lugar, que nuestro país no puede acatar y permitir la vigencia de una norma en nuestro territorio de otro país, es decir, la ley del Fatca no podrá tener efectos jurídicos en Panamá, puesto que la misma no es una norma de derecho internacional público, que se encuentre amparada por un convenio o tratado internacional del cual la República de Panamá es signataria; y, en segundo lugar, las inversiones y los capitales que se encuentren depositados en cuentas bancarias en nuestro país, pertenecen a los bienes o patrimonios tanto de los panameños como de los extranjeros que han confiado en nuestro sistema bancario y de servicios, por tanto, al estar bajo la jurisdicción de la República de Panamá, esta debe procurar velar por su protección.

Esto involucra un análisis de nuestra política de negociación de tratados tributarios, porque en el caso de la ley del Fatca autorizaría al IRS a solicitar información de carácter fiscal directamente a un banco o institución financiera por encima de las autoridades correspondientes, que por ley son las llamadas a fiscalizar dichas actividades en nuestro país, a saber: La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la práctica, la ley del Fatca, sin ser una norma de derecho internacional público, estaría por encima de lo normado en el Decreto 9 de 1998 que fue modificado por el Decreto Ley 2 de 2008, en cuanto a la confidencialidad bancaria y también sobre la Ley 40 de 18 de abril de 2011, que es el acuerdo de cooperación fiscal y de intercambio de información en materia de impuestos con Estados Unidos. En términos muy sencillos, podríamos estar en una situación en que una norma de otro país, esté por encima de un convenio o tratado internacional, lo que daría al traste con el orden jerárquico de las normas.

No sé cuál será la posición de nuestras autoridades competentes en esta materia, entiéndase SBP y DGI, pero cabe la posibilidad de que la aplicación del Fatca en Panamá viole el orden público, aunado al riesgo que conllevaría las futuras demandas que se podrían presentar ante los tribunales, por todas aquellas personas que se vean afectadas por la aplicación de dicha ley en nuestro país.

Por último, con relación a los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información, se entiende y es aceptado a nivel internacional, que en cuanto a sus limitaciones, no se puede obligar a un país o Estado a que adopte medidas o actos administrativos contrarios a su legislación o práctica administrativa; a que suministre información que no se pueda obtener sobre la base de la propia legislación del país requirente; y, no se puede obligar a suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional o un proceso industrial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público.

 

 
 
 
Traducir esta página
 
 
 
 
 
SUPLEMENTOS
Ellas Virtual
Aprendoweb
Pulso de la Nación
Recetario
WKD
 

© 2010-2011. Editorial por la Democracia S.A.  Derechos reservados.

Teléfono: (507)222-1222 Apartado 0819-05620 El Dorado
Ave. 12 de octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá

Ediciones anteriores | Nosotros | Email