construcción

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

atención. Hay más quejas por compra de viviendas.LA PRENSA/Archivo

La actual desaceleración en la industria de la construcción ha dejado en evidencia a las inversiones inviables, de escaso sustento e incluso de dudosa motivación.

Este año en el renglón residencial se ha visto una caída del 12% en el valor de construcción, que asciende a 776.8 millones de dólares de enero a agosto, según la Contraloría General de la República.

En cemento premezclado el descenso es de 3.1%.

Muchos proyectos se han erguido en la línea del horizonte de las ciudades, pero otros no  han despegado del piso.

Proyectos paralizados, abonos retenidos y sociedades responsables disueltas han generado molestias e incertidumbre en los compradores.

Por estos casos, que dejan el escenario revuelto, se requiere garantizar las transacciones de los compradores, quienes deben tener mayor protección, opinan los entendidos.

Se ha avanzado luego de que en 2007 los juzgados comenzaran a reconocer y eliminar las cláusulas abusivas de los contratos inmobiliarios.

Sin embargo, se requiere un proyecto de ley adecuado que ampare a los llamados “promitentes compradores”, según la Asociación de Propietarios de

Inmuebles de Panamá, cuyos miembros han redactado un borrador de proyecto de ley.

La prioridad para las autoridades, sin embargo, no es interferir en relaciones particulares,  sino en contar con mayor poder legal para sancionar y aplicar medidas en contra de las empresas infractoras.

Contenido del documento Las obligaciones tanto de los promitentes vendedores como compradores quedarían claramente estipuladas, de acuerdo con el borrador de proyecto redactado por el abogado y miembro de la asociación Darío Carrillo.

Además, quedaría establecido el detalle de los metros que tendría la unidad departamental, las áreas comunes, la descripción del terreno y el número de estacionamientos.

También, las fechas límite de iniciación y terminación de las obras; así como información de las reservas en el reglamento de copropiedad sobre azoteas, fachadas, servidumbres, rampas de acceso, entre otros.

Muchos de estos aspectos son centros de conflictos y los consumidores cuando sufren decepciones se sienten estafados y desvalidos, explica Carrillo.

Reclamar y obtener una respuesta favorable de la justicia es un proceso lento y engorroso.

Con el proyecto debiera haber  mayor claridad de todo lo que el comprador debe recibir y de darse un incumplimiento los promitentes vendedores deberán brindar garantías de restitución. Obligar al vendedor a devolver los pagos con los intereses legales sería posible de aprobarse la iniciativa y sería respaldada con una garantía establecida.

Uno de los vacíos legales que desprotege a los consumidores, según el abogado Carrillo, es que hay empresas sin solvencia que actúan en el mercado y captan fondos a través de los abonos para la compra de viviendas.

Hoy los compradores se basan en sus decisiones en el prestigio del nombre de la empresa inmobiliaria.

Esto no pasa en otras actividades, por ejemplo, en los bancos, que antes de captar fondos deben acreditar un capital.

“En el sector inmobiliario han incursionado personas muy cuestionadas que están enfrentando cargos por  estafa”, señala Carrillo.

“Creemos que las condiciones de delincuencia pueden afectar al sector y por ello se necesita tomar medidas de regulación y control”. Uno de los casos más sonados es el de la promotora Homes, que logró promocionarse y atraer clientes, pero los proyectos que vendía no prosperaron y hay casos pendientes en el Ministerio Público abiertos por los afectados. Cláusulas abusivas Se ha avanzado y hay mayores herramientas para atender a los consumidores, pero las autoridades no comparten intervenir y reglamentar las relaciones entre compradores y vendedores.

Los consumidores están acudiendo con mayor frecuencia y en mayor número ante las autoridades por no estar satisfechos con sus compras de departamentos y viviendas.

Para el defensor de oficio Ramón Fernández de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), se requiere dar respuesta a muchas personas que se quejan de proyectos que quedaron en el aire y nunca fueron construidos.

“Se trata de casos de estafa, pero que provienen de relaciones contractuales entre particulares, quienes pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo que no esté prohibido por ley”, señala el funcionario.

En la mayoría de los casos los promotores redactan los contratos de adhesión y a los interesados solo les queda firmar o no comprar el bien.

También hay compañías que proponen a sus clientes garantías mediante fianzas de cumplimiento, algo que puede ser un atractivo y diferenciador.

Mientras tanto se están dando más reclamos, también porque hay más construcción que antes, dice Fernández.

De enero a septiembre de este año 297 personas han presentado reclamos por un valor de bienes de 25.4 millones de dólares. Durante todo  2008 se presentaron 399, con una cuantía de 35.8 millones de dólares.

Los casos más comunes son por incumplimiento de lo pactado en los contratos, por incluir cláusulas abusivas, por retener abonos y porque los bienes inmueble presentan vicios ocultos.

Precisamente el sector inmobiliario es el que más mueve a los abogados de la Acodeco a asistir a los tribunales a presentar demandas. En total este año se han presentado 27 procesos, con una cuantía de 1.8 millón de dólares, que representa el 69.2% del total de las demandas interpuestas.

Antes que resolver con más regulación, Fernández señala que se requiere mayor poder legal para enfrentar a los infractores y, por ejemplo, actuar con empresas que actúan con diferentes sociedades anónimas, donde cada proyecto lo hacen con una sociedad diferente.

“El incumplimiento de contrato se debe sancionar, así como se imponen multas de entre 10 mil dólares y 20 mil dólares a aquellas empresas que incurren en la publicidad engañosa”, explica.

Los procesos que interpone la Acodeco se pueden dilatar porque los abogados defensores de las empresas interponen incidentes, advertencias de inconstitucionalidad y argucias dilatorias.