LA PRENSA | Carlos Lemos

SERVICIO. Las gasolineras debieron ajustarse a precios topes de 3.51 dólares en la gasolina de 91 octanos, 3.47, en el diésel y 3.76, en la de 95 octanos.

La lista de hechos inesperados que alteran el mercado de combustible puede resultar larga.

Huracanes, guerras o crisis políticas, cualquier evento que afecte la oferta o la demanda tiene el potencial de generar graves efectos en los nerviosos mercados del combustible, y repercute en todos los bolsillos, incluyendo el de los consumidores panameños.

En tiempos de volatilidad, en los cuales los precios tienen subidas abruptas, cada país interviene con diferentes medidas para amortiguar los golpes. En Panamá, muchos conductores ven con buenos ojos la decisión de establecer un subsidio y precios topes para la gasolina y el diésel, tal como se hizo el pasado 24 de septiembre cuando el huracán Gustav disparó los precios.

“En ese momento hubo dos huracanes con 12 días de separación, el Ike y el Gustav. Durante ese período en Estados Unidos bajó el inventario de gasolinas y aumentó el del combustible para calefacción”, explica Wolfram González, director de Hidrocarburos.

Y esa situación iba repercutir en Panamá, añade, donde sino se hubieran tomado acciones, la gasolina de 95 octanos habría aumentado en el país en 80 centésimos.

No se trata de una intervención a la libre competencia y está plenamente justificado según Pedro Meilán, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa del Consumidor, pues el mercado panameño es vertical. Esto significa que los mayoristas tienen control de la distribución y las ventas al detal y por ende fijan en todos los niveles los precios.

Además, “los precios topes representan el único mecanismo que permite asegurar que el sacrificio fiscal que asuma el Gobierno llegue a los beneficiarios últimos: los consumidores”, dice Meilán.

Las medidas estatales no se limitarían a este caso, sino que se espera acordar un mecanismo para enfrentar crisis a largo plazo, de una manera sostenible y donde no se perjudique a los consumidores.

La Secretaría de Energía, con asesoría de consultores estadounidenses evalúa varias alternativas que generan distintas reacciones en el sector.

En principio se busca eliminar las fluctuaciones bruscas y modificar el actual sistema de cálculo del precio de paridad, pasar de 14 días a 28 días.

También se podría modificar el peso que tienen en el precio final, costos como el flete, seguros y gastos de transporte.

Actualmente es la costa Oeste de Estados Unidos el área de referencia, pero se podrían utilizar otras adicionales, como el puerto de Rotterdam.

“Buscamos que los precios locales reflejen con la mayor exactitud la realidad del mercado y que haya mayor transparencia sobre las fluctuaciones de los precios”, señala Meilan.

Los empresarios ven los cambios a la fórmula como poco factible, al considerar que ejercería presión a los planes de negocio de las empresas y pondría en riesgo la seguridad de suministro, advierte Augusto Gerbaud, gerente de Petróleos Delta.

“Cambiar los componentes provocaría una reducción de fracciones de centésimos, lo que al final no es significativo, pero sí pondría en riesgo el suministro de los actuales importadores y sería una barrera de entrada para compañías nuevas”, afirma.

Más viable y práctica sería, según el ejecutivo, cambiar el actual sistema de promedio a uno de mediana. Así, si (en un periodo de dos semanas) en un día ocurre un hecho crítico que dispare el precio, los consumidores no sentirán el impacto.

A pesar de ese cambio, no hay garantía de que los precios no se disparen en casos extraordinarios, por lo que Gerbaud propone que se cree un fondo de estabilización de productos de petróleo.

El beneficio de este fondo es que el precio al público no variará con tanta frecuencia, se enfrentarán los hechos extraordinarios, será autosostenible y las fórmulas serán definidas y públicas.

Para asegurar las sostenibilidad del mismo y como la tendencia es típicamente hacia arriba, lo que se hace en otros países es que cuando el precio de paridad baja, solo se pasa al público una parte de la rebaja (de 50% a 60%) y el resto se usa para engrosar el fondo.

“La reducción en la frecuencia de cambios también ayuda a evitar la queja de que los precios en las estaciones suben rápido, pero bajan lentamente”, señala Gerbaud.

La medida temporal de fijar precios máximos y otorgar un subsidio de cerca de seis millones de dólares está orientada en ese camino.

Sin embargo, Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y el Usuario, opina que “este mercado está distorsionado y no hay transparencia. La prueba, apunta, es que mientras el precio del petróleo cayó el combustible en el país estaba arriba”.

“Aquí hay una situación injusta en contra de los consumidores, donde las empresas petroleras son los verdaderos causantes de la distorsión”, señala Fletcher.

El dirigente se opone a que el Estado entregue subsidios, y es partidario de una regulación en los precios.

El Comité de Hidrocarburos de AmCham, que representa al sector petrolero, asegura que el margen de la cadena de distribución solo equivale al 5.4% y 7.6% del precio al público.

Los pequeños pierden

Aquellos empresarios que operan gasolineras, conocidos como concesionarios (grupo reducido equivalente a 60 estaciones) son los que han salido perdiendo con la intervención estatal, explica Hugo Cuéllar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Derivados de Petróleo (Adigas).

El anuncio de fijar precios máximos ocurrió, cuenta el dirigente, en momentos en que muchas gasolineras tenían sus tanques llenos.

“Se obligó a los concesionarios a vender a un precio pero no al resto de la cadena”, señala.

Adigas está enfrentando las multas que se le aplicaron a sus miembros por supuestamente no cambiar los precios y estudia qué medidas legales puede interponer contra la decisión gubernamental.

“Esta fue una decisión del Gobierno, que lo habrá consultado con algunos, pero no con las estaciones independientes, que hemos perdido entre 2 mil dólares y mil 500 dólares, además de multas hasta por 5 mil dólares” , señala Cuéllar.

Meilán al respecto señala que en ocasiones anteriores ha ocurrido exactamente lo contrario. Se anuncian incrementos en los precios y las estaciones tienen inventarios de productos más baratos.

Y mientras se esperan los resultados de los análisis de las autoridades, los consumidores sentirán una rebaja esta semana de al menos 70 centésimos, según la tendencia de los precios en el mercado del Golfo de Estados Unidos.

Crece el consumo

Mientras los precios han puesto en aprieto a los conductores y a las autoridades, el consumo sigue aumentando según datos de enero a agosto de la Contraloría General de la República.

Han subido las ventas de gasolinas, gas licuado y diésel en un 0.3% en comparación al mismo periodo del 2007. En el 2008 se han vendido 503.2 millones de galones, contra los 501.8 millones del 2007.

En detalle se han vendido 110.5 millones de galones de gasolinas, 43.3 millones de galones de gas licuado y 198.7 millones de galones, de diésel.