El 11 de marzo del presente año escribí un artículo en Martes Financiero, de La Prensa, dirigido a analizar el espiral inflacionario que está enfrentando el país, e hice especial mención en los efectos del CAIR en este proceso, ya que es indudable que ha afectado el nivel de precios.

Señalamos también que dentro de los efectos externos de dicha inflación, juega un papel importante la devaluación del dólar - que afecta los precios del petróleo y los commodities en forma permanente-, el progresivo aumento del déficit fiscal de Estados Unidos, y la inestabilidad de la economía mundial.

La situación financiera mundial que previmos, y que ahora estamos viviendo, profundizarán dichos efectos, ya que el déficit fiscal de Estados Unidos aumentará en cifras no vistas en un periodo muy corto; y el salvamento del sistema financiero internacional, generará en el corto plazo, emisiones inorgánicas de dinero (sin base de productividad) que impulsarán el espiral inflacionario a nivel mundial.

El costo del dinero también afectará el nivel de precios, la contrapartida de todo esto será una caída de la demanda, debido a los efectos en el empleo de la crisis financiera y de la misma inflación, ya que habrá menos dinero para comprar. Esto podría llevar a la economía mundial a una recesión con inflación, que es la situación menos deseable en una coyuntura como esta.

Ante esta realidad, el sector privado y público de Panamá, deberá revisar sus políticas para ajustarlas a esta situación. En el sector público es importante racionalizar los gastos operacionales del Estado, a términos que no afecte el financiamiento del gasto corriente con los actuales ingresos que se generan, ya que es predecible una desaceleración de la economía mundial, lo que obliga, a ser extremadamente cautos en el uso del financiamiento vía créditos del presupuesto para el año 2009.

El impacto de la inflación en los precios de la canasta básica familiar, que sumados el año 2007 con el año 2008, superará el 25%, hace necesario el mantener, por el tiempo necesario la política de subsidios al consumo básico, entendiéndose, dentro de esto, a la electricidad, la gasolina, el diésel y el gas licuado. Durante el año 2007 estos cuatros productos subsidiados, le costaron al Estado alrededor de 110 millones de dólares. Se prevé que para el año 2008 esta suma alcance 222 millones de dólares, y si esta tendencia se mantuviera para 2009 pudiéramos llegar a los 300 millones de dólares.

Si se eliminaran los subsidios habría que reajustar los salarios en una proporción que supliera por lo menos el 50% de la inflación acumulada en los últimos tres años, para hacer posible que el sector laboral siga cumpliendo con sus compromisos de crédito que actualmente tienen, y manteniendo el nivel de vida ya logrado.

Por lo tanto si nos preguntamos si se debe estar de acuerdo con los subsidios, deberíamos decir teóricamente que no, ya que distorsionan el mercado, pero debemos tener presente que hay tantas distorsiones vía la estructura oligopólica de gran parte de la economía del país, debido a su tamaño, a una distribución recesiva del ingreso nacional, y a una estructura tributaria en función del CAIR, que presiona los precios anualmente, que en verdad hacen que estos subsidios sean necesarios.

Hay quienes se preguntan si no sería mejor reducir los impuestos. Los impuestos en una política fiscal sana deben financiar el gasto corriente del Estado y una proporción importante de sus inversiones, por lo tanto en materia de reducir impuestos hay que buscar el equilibrio entre esa posible reducción y las necesidades en materia de una operación racional del Estado, y de las inversiones de infraestructuras que el desarrollo socio-económico del país necesita, ligado directamente a la atracción de la inversión privada en las diferentes áreas de la economía, insustituible a su vez para un desarrollo sostenible.

Lo que se debe hacer es reemplazar los impuestos que afectan la distribución equitativa del producto interno bruto, que como lo hemos dicho afecta el nivel de precios de todos los productos y servicios, por otros que ayuden a redistribuir con equidad la carga fiscal, como puede ser el uso del I.T.B.M.S. con diferentes tramos en función de lo suntuario o no de su base, dejando exento los artículos de primera necesidad, para lograr una mejor distribución del producto interno bruto.

Gran parte de la crisis que hoy día vive en materia financiera y productiva el Estado más poderoso del mundo (Estados Unidos), se debe a su incapacidad de mantener una sociedad a los niveles de consumo que su secuencia histórica ha ido generando, sin tener que subsidiar dicho bienestar.

En Estados Unidos no solo está en crisis el sector financiero. Está en crisis igual a la producción agropecuaria si se eliminan los subsidios, su sector automotor que no puede competir en el mercado, el sector de la construcción que creció en base a una falacia, y la gran mayoría de los sectores productivos que no son capaces de competir en los mercados internacionales sin la ayuda del Estado.

Esta crisis se basa “en el costo del bienestar del ciudadano americano”, debido a que su economía no es capaz de generar la riqueza que los estándares sociales de dicho país exigen como forma de vida y que hicieron posible los planes políticos de sus gobiernos. En el fondo, Estados Unidos se está enfrentando a su propia realidad, se han excedido en todo, y ahora tienen que volver a lo que realmente son, y en eso se centra la crisis.os subsidios deben ser temporales, como ya lo señalara, pero la realidad transnacional e interna, por las múltiples asimetrías a nivel de costos de producción, financieros, laborales, de insumos, hacen que su permanencia esté directamente ligada a la necesidad de mantenerlo para sostener la estabilidad socio-política de los países.

El sector financiero privado debe pensar en cómo enfrentar esta realidad sin afectar la demanda interna, que lleve al país a una disminución substancial en su crecimiento sectorial. Esto tiene que ver, como ya lo han señalado algunos altos ejecutivos del sector financiero, en ajustar los requisitos para obtener financiamiento de las personas naturales en materia de plazos, abonos iniciales e intereses, en los créditos a otorgar a futuro.

A su vez, y parece que esto no ha sido considerado, deben flexibilizar los términos de cumplimiento de los créditos ya otorgados en condiciones diferentes a las actuales (antes de la crisis), esto tiene que ver básicamente con otorgar mayores plazos de pago a los financiamientos hipotecarios, y otros similares, sobre todo en bienes raíces, de tal forma que, los usuarios del sistema, puedan seguir sirviéndolos sin tener que reducir sustancialmente su nivel de vida, sin tener que decidir qué pagar o qué no pagar, sin afectar la demanda interna en forma brusca debido a la prevista desacerelación.

El financiador de estos créditos no se verá afectado, incluso, evitará ser afectado, ya que de acuerdo a los informes de la Superintendencia de Bancos, el sistema tiene la liquidez suficiente, la capitalización y las reservas para poder hacerlo.

Lo anterior se debe hacer sin recargar en forma alguna el costo de dichos créditos por esta ampliación, toda vez que el Libor tenderá a subir, y afectará dicho costo.

El consumidor necesita espacio, tiempo y una actitud consecuente de los entes financieros privados para estabilizarse, ya que en el último quinquenio el sector financiero ha tenido resultados extraordinarios en materia de capitalización, crecimiento en su cartera de crédito, consolidación y utilidades.

Panamá está en buenas condiciones para enfrentar esta crisis financiera internacional que traerá profundos ajustes a la economía mundial, así lo demuestran todos los índices macroeconómicos proyectados, por lo tanto, se debe cuidar con visión de país, el mantener y profundizar la estabilidad socio-económica de Panamá.

Esto se logra con equidad, y la equidad en democracia está en razón directa de la solidaridad de los que tienen más frente a los que tienen menos.

El autor es analista económico