De enero a agosto de este año, la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (Anam), recaudó en concepto de entradas a las áreas protegidas del país, 281 mil 817 dólares, que representa apenas cerca del 4.7% del presupuesto total que maneja para la conservación de esas áreas, que es de aproximadamente 6 millones de dólares al año.
Según conclusiones de varios organismos internacionales, uno de los grandes retos de las sociedades modernas — donde el desarrollo es sólo sinónimo de tecnología—, es contar con mecanismos de financiamiento que sean benéficos para las comunidades.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), organización suiza, cuyo objetivo es conservar y proteger los ecosistemas para promover alternativas de desarrollo sostenible, define a las áreas protegidas como “una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejadas a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”.
Gran parte de esa “amplia definición” de Uicn permite identificar los distintos objetivos que puede tener un área protegida, “desde aquellos orientados a la preservación hasta aquellos que buscan manejar sosteniblemente los recursos de un sitio”, y es ahí donde el gobierno nacional y de muchos otros estados enfocan estrategias y estudios para saber cómo financiarse.
Obtención de recursos
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), administrado por la Anam, es el marco institucional que regula el funcionamiento de dichas zonas, que en total ascienden a 85, donde el 32% son terrestres y el 4% marinas, y en donde habita un millón de personas, según información de la Anam.
Para Edgar Araúz, director nacional de áreas protegidas y vida silvestre del organismo ambiental, en la actualidad esa institución realiza una redefinición de categorías, para establecer si son bosques, parques naturales o nacionales, reserva forestal, refugio de vida silvestre y otras más, que permitiría “tener más control y organización”.
Según la Uicn, esta redefinición, muy común en los países debido a la incorporación de nuevos territorios, es necesaria para desarrollar los proyectos adecuados de acuerdo al tipo de área protegida, donde también las tarifas hacen parte del financiamiento.
“En marzo de este año se incrementaron las cuotas de entrada a las áreas protegidas. En 2007 se obtuvieron 194 mil 280 dólares por ese concepto y hasta agosto de este año la suma llegó a los 281 mil 817 dólares, sin embargo, eso no es suficiente y por eso es necesario contar con fideicomisos y la colaboración de otros organismos del Estado y de Organizaciones No Gubernamen-tales (ONG)”, explica Araúz.
Uno de esos mecanismos es el canje de deuda por naturaleza que el Gobierno nacional estableció con Estados Unidos y con el cual se benefician el Parque Nacional de Darién y el Parque Nacional Chagres con 10 millones de dólares: 5 millones de dólares en un fondo y 5 millones de inversión al año 2014.
Gabriela Etchelecu, directora ejecutiva de Fundación MarViva en Panamá, opina que cada cada Gobierno debe decidir cuál es la mejor forma de contar con ese financiamiento.
“Desde nuestro punto de vista, la ventaja del financiamiento privado en la gestión de áreas protegidas es que contribuye directamente a aliviar una necesidad sentida de los gobiernos, que usualmente no cuentan con suficientes recursos para garantizar esta gestión”, señala Etchelecu.
MarViva es una ONG que apoya a la Isla de Coiba, una de las mayores riquezas naturales del país, con 270,125 hectáreas, de las que 216,543 son marinas con servicios de vigilancia y control y con el soporte desde el punto de vista legal y de sensibilización.
Según su directora, el financiamiento a la gestión de las áreas protegidas con fondos privados debe ser a través de la dotación de bienes y servicios “y no a través de ingresos directos de recursos financieros en estas áreas. Ofrecer bienes y servicios garantiza más transparencia y regulación por parte de los Estados”.
Descentralización
Para Boris Ramírez, de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (Iabin), uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan los gobiernos es mantener y financiar el personal y la infraestructura necesaria para poder proteger las áreas protegidas que no son consideradas turísticas pero que tienen un gran valor de conservación.
“Ejemplo de este tipo de áreas en Panamá son las que se encuentran en las zonas de difícil acceso, como Darién y Bocas del Toro. Estas áreas protegidas también necesitan de guardabosques e infraestructura, y son las que se encuentran en mayor riesgo ya que son difíciles de monitorear y por consiguiente son explotadas indiscriminadamente”, anota Ramírez.
El especialista señala que es necesario crear alternativas para las personas o colonos que viven en dichas áreas o cerca de ellas, pues en busca de su sustento realizan actividades sin control.
“La empresa privada podría tener proyectos de Pagos por Servicios Ambientales, para la conservación de las áreas protegidas”, mecanismo que en Panamá ya se desarrolla.
Araúz comenta que concretar figuras como la descentralización, donde los municipios manejen sus propios recursos, ayudaría a que determinadas zonas naturales pudiesen ser administradas por los municipios.
En la actualidad, explica Araúz, diversas dependencias de la Anam
y de otros entes del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas y sus direcciones, a través de una ficha financiera evalúan cómo está el país en ese aspecto. “Es una especie de termómetro para implementar mecanismos de financiamiento entre otras cosas”, dice Araúz.
Para los estudiosos en el tema ambiental, independientemente de los múltiples mecanismos de financiación, el reto principal es encontrar el balance entre el desarrollo y la protección de los recursos naturales, y entender que este punto intermedio debe ser respetado por las comunidades, las industrias y el gobierno.
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