LIBERTARIO. Raúl Molina.

ECONOMISTA. Gustavo Chellew.

APEDE. Roberto Alfaro.

Cuando los cheques no alcanzan para toda la quincena y los consumidores hacen malabares para cubrir sus necesidades, cualquier ayuda es bienvenida sin importar de dónde venga.

Los presupuestos familiares están en jaque con un alza general en el costo de la vida de casi 10% y de los precios de los alimentos de 15%; lo peor es que el panorama no parece mejorar debido a las crisis financiera internacional.

Impulsado por las continuos reclamos sociales y para mejorar el poder adquisitivo de los panameños, el Gobierno añadió recientemente todos los derivados de petróleo (gasolinas y diésel) a la lista de productos subsidiados.

Los motivos para esas medidas no guardan relación con la época electoral, sino con hacer justicia a los conductores, señala Wolfram González, director de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias.

“Se ha conseguido evitar nuevas alzas fuertes que iban a llegar y al instalar precios topes se logró que algunas gasolineras bajaran hasta 25 centésimos por galón”, sostiene González.

Se destinaron seis millones de dólares para compensar a las

distribuidoras por no traspasar

los incrementos del mercado

internacional.

La tendencia actual está fuera del control de las empresas petroleras, según su vocero Francisco de Ycaza, quien recalca que en Panamá de 4 dólares que cuesta un galón, 3.75 dólares están controlados, es decir que el Estado establece un precio de importación a nivel mayorista.

“Este es un mercado semilibre y no somos responsables por las subidas y bajadas”, dice Ycaza.

“El mercado libre se compone de 20 a 28 centésimos por galón, que es el margen de las compañías, el costo del transporte y de las gasolineras. El Estado calcula el precio al llegar al país incluyendo el valor del mercado en el Golfo de México, el flete y los seguros”.

Incluyendo este aporte de seis millones de dólares, el total de subsidios en materia de hidrocarburos y energía eléctrica en 2008 ascendería a 222.9 millones de dólares, un alza de 52.2% en comparación al año pasado.

Se trata de medidas para elevar los ingresos de las personas, señala el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y contribuir a disminuir el costo de la vida.

Gustavo Chellew, ex asesor del MEF, explica que el impacto de la inflación en los precios de la canasta básica representa un aumento de 25% en dos años. A su juicio, es necesario mantener la política de subsidios al consumo básico, entendiéndose, dentro de esto, la electricidad, la gasolina, el diésel y el gas licuado.

En 2009, de mantenerse esta tendencia, los subsidios pueden alcanzar los 300 millones de dólares.

“Si pensamos en un Panamá de 3 millones de habitantes, esto significa un subsidio de 100 dólares anuales por habitante, lo que no es exagerado, ni podría ser calificado de paternalista o populista, dada la inflación acumulada en los últimos tres años, que supera con creces esta cifra anual en la disminución de la capacidad de consumo de cada habitante a niveles básicos”, señala el economista.

Chellew reconoce que “el ideal sería no tener que otorgarlos, pero existen tantas distorsiones vía la estructura oligopólica de las empresas en Panamá, el Cálculo Alternativo de Impuesto sobre La Renta (Cair), y los niveles de distribución del ingreso nacional, que hacen que estos subsidios solucionen en parte estas distorsiones endémicas, y hagan posible la estabilidad social insustituible para seguir creciendo y manteniendo un régimen democrático de gobierno”.

Ineficiencia

Los subsidios producen graves ineficiencias en la asignación de recursos que afectan negativamente al bienestar colectivo, opina el economista y catedrático Alejandro Cordero.

“Se deben evitar al máximo y utilizarse sólo temporalmente en situaciones de desastres naturales o para apoyar a segmentos poblacionales que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, como ancianos y niños”, dice Cordero.

En el caso de la energía, por ejemplo, los subsidios son una forma de decirle al productor que continúe siendo ineficiente, pues cada vez que lo necesite la mano “visible” del estado, el ogro filantrópico, saldrá a apoyarlo.

La electricidad representa el 36.9% del subsidio en materia energética o el equivalente a 82.3 millones de dólares al año.

El mensaje al consumidor con los subsidios, dice el especialista, es que no cambie sus hábitos, pues el estado siempre estará presente para apoyarlo.

Por ello no es casual que los denominados “diablos rojos” se mantengan circulando y los operadores o propietarios no renueven la flota de transporte público con motores más eficientes y modernos. ¿Para qué?, si el estado nos está subsidiando la ineficiencia, se responderán.

Este año el aporte al transporte público asciende a 19 millones de dólares, 10 veces más que en 2007.



Propuestas

Se debe dejar la política populista y electorera, dice Cordero y hacer más inversiones que realmente son necesarias para elevar el nivel y calidad de vida, como la salud y la educación pública.

También, Raúl Eduardo Molina, que encabeza una asociación de consumidores inspirada en la Fundación Libertad, opina que los subsidios deben ser temporales y recuerda que el del cilindro de gas de 25 libras data de 1970.

El subsidio a ese producto representa 64 millones de dólares y mantiene el costo del cilindro congelado en 4.37 dólares, cuando su valor real sería de 16.11 dólares.

“Subsidiar el sector es comprensible pero la promoción de inversiones y la entrada de nuevos generadores en el mercado debe bajar las tarifas y los subsidios a corto plazo”, dice.

Molina señala que aplicar un subsidio en combustible no es entendible salvo dentro del contexto de la campaña política que se avecina.

El dirigente señala se deben eliminar gastos superfluos y aplicar una política de austeridad, para estar en sintonía con lo que está pasando en la realidad mundial,

ya que se debe seguir afectando el déficit fiscal y aumentando los

gastos.

Igualmente Roberto Alfaro, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, expresa que “solo estamos de acuerdo con beneficios que ayuden a mejorar la productividad y la eficiencia del país”.

“Regalar el dinero del fisco en forma de dádivas solo son medidas temporales, pasajeras, que no resuelven los problemas del país de forma permanente. Cuando venga la época de las vacas flacas el Gobierno tendrá que aumentar la deuda pública; pues estos subsidios serán considerados como permanentes, el propio Presidente dice que estas son conquistas sociales y que no se las dejen quitar”, señala Alfaro.

La mayoría no se está beneficiando con los programas sociales, según el dirigente, y cita que ni 50 mil personas o el 2% de la población está recibiendo cheques del Programa de Desarrollo Comunitario.

Al sumar todos los subsidios, energía, transporte (combustible), se están regalando más de 600 millones de dólares este año.

Con ese dinero, añade, se puede construir una hidroeléctrica de 300 megavatios que le dé energía gratis a los más necesitados por 50 años y el próximo año construir un sistema de tren eléctrico ligero para transportar 800 mil panameños a sus hogares en forma rápida, barata y segura por 50 años; y el siguiente construir 100 escuelas técnicas, diez en cada provincia, y un centro penitenciario moderno por provincia, etc.

“No estamos de acuerdo en subsidiar a ningún sector, pero sí en dar apoyo técnico, científico y reducir aranceles de importación para hacer más eficiente la producción nacional tanto en el agro como en la industria”, dice Alfaro.

Ante la inflación y la crisis internacional, Chellew recomienda acciones al sector financiero privado.

Se podrían flexibilizar los términos de cumplimiento de los créditos ya otorgados en condiciones diferentes a las actuales debido a la crisis financiera internacional que se enfrenta, y esto tiene que ver básicamente con otorgar mayores plazos de pago a los financiamientos hipotecarios y otros similares, sobre todo en bienes raíces, de tal forma que los usuarios del sistema, debido al impacto de la inflación, puedan seguir sirviéndolos sin tener que reducir sustancialmente su nivel de vida.

COLUMNISTA INVITADO
Subsidios al consumo

Irene Giménez
mf@prensa.com

OPINIÓN | Los subsidios que sostienen el Estado deben eliminarse, porque no solo resultan una carga en el presupuesto nacional, significan también un impedimento para las inversiones, pues subsidios y controles de precios hacen difícil el cálculo de costos y afectan la rentabilidad que incentiva a un empresario a realizarlas.

Además, generan grupos de privilegiados, pues estos subsidios siendo pagados por todos a través de impuestos, benefician sólo a ciertos consumidores, así miles de ciudadanos que no disponen de automóvil terminan pagando parcialmente el combustible de los ciudadanos que sí disponen de carros.

El Gobierno debe acompañar estas medidas con una reducción radical de los impuestos. Estas reducciones tributarias no solo permitirán a los ciudadanos mantener su poder adquisitivo, e impulsarán la producción y la generación de empleos; también harán más atractivo el país para la inversión nacional y extranjera. Las regulaciones en el sector energético deben eliminarse para facilitar que una empresa instale refinerías, oleoductos, terminales de abastecimiento de combustibles, plantas termoeléctricas, redes de transmisión, procesadoras de biocombustibles, etc., pues a los usuarios no les interesan los argumentos de “servicios estratégicos”, “monopolios estatales naturales” o “soberanía energética”.

A los usuarios les interesan buenos productos y servicios entregados a tiempo y sin interrupciones, sin importar si estos servicios son provistos por empresas nacionales o extranjeras.

La competencia debe primar, no deben existir regulaciones que impidan el ingreso de nuevas empresas; nunca el sector privado subsidiado se ajustará a parámetros de eficiencia empresarial, sino en la institucionalización de privilegios dañinos. ¿Para qué innovar y competir en un mercado libre si protegidos por el Estado nos va mejor y no corremos riesgos?

El subsidio hace que los precios del producto subsidiado sean menores a los que el mercado determinaría. El usuario entonces no siente la necesidad de ahorrar o disminuir su uso dado que el precio no refleja lo que está ocurriendo en la realidad.

Cuando el Gobierno hace bajar artificialmente el precio global de los combustibles, gas, luz, alimentos, etc. los hace más accesibles para personas de bajos recursos. Pero también los abarata para los ricos y para las compañías que los adquieren para elaborar bienes y servicios que se exportan y con ello los ciudadanos panameños les regalan su trabajo y esfuerzo a miles de ciudadanos en el mundo en detrimento de los nacionales.

Los subsidios que se dirigen a los consumidores son tan grandes que no son sostenibles en el tiempo. Será necesario, entonces, reducirlos por dos razones: para ahorrar en el gasto y para redirigirlos a donde se necesitan más urgentemente.

Para compensar a los más pobres por la diferencia entre el precio regulado y el precio internacional se les entrega directamente un vale que también costará, pero se estará eliminando un gasto mucho mayor.

Ningún subsidio es gratuito; lo pagamos todos con impuestos y con menos oportunidades para los más pobres, al desperdiciar los escasos recursos que podrían ser invertidos en nuevas empresas y generar más y mejores trabajos.

La autora es gerente general de Goethals Consulting