LA PRENSA | Víctor Arosemena

DATOS. El saldo de la deuda pública ha tenido un aumento de mil 754 millones de dólares.

Lejos de ser una asignatura resuelta, atender la deuda pública sigue siendo un desafío pendiente y una amenaza que, para algunos, ensombrece el desempeño económico del país.

Panamá debe destinar fondos importantes de su presupuesto para hacerle frente a la deuda, cuyo saldo al cierre de julio de 2008 era de 10 mil 937 millones de dólares, monto que en el último quinquenio ha subido 26.2%.

Cuando se habla de este tema, no hay que dejar de mencionar que la relación deuda/producto interno bruto (PIB) ha mejorado sensiblemente.

Sin embargo, el saldo de la deuda pública no ha dejado de crecer en los últimos tres años, al tiempo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce que ha ampliado el gasto, sobre todo por inversiones y medidas contra la inflación.

Esta realidad impone tomar medidas lo más pronto posible, dice Ricardo Soto, consultor de Goethals Consulting Corp.

En los próximos meses, según el analista, el problema podría agudizarse debido al torneo electoral, que provoca un aumento en los gastos y un mantenimiento de la abultada planilla estatal.

“Se requiere una reforma estructural para reducir los gastos”, señala Soto.

Señales de alerta

Al hablar del tema de la deuda, Domingo Latorraca, ex presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, cita datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 1 de septiembre de 2004 y el 31 de julio de 2008. “El saldo de la deuda pública ha pasado de 9 mil 183 millones de dólares, a 10 mil 937 millones, un aumento de mil 754 millones”.

Sin embargo, el presidente, Martín Torrijos, en su discurso en la Asamblea de Diputados en el inicio de la legislatura actual, le da mayor realce al hecho de que la inversión pública estará próxima a 4 mil millones a finales de 2009.

En este sentido, el MEF destaca que una de las mayores fortalezas de las finanzas es que la deuda total tiene un menor peso sobre el PIB. Antes era de 70.7% y en el presente representa solo el 47.3%.

Por esa relación deuda/PIB, entre otras razones, la calificadora Standard & Poor´s subió este año la calificación de deuda a largo plazo de la República de Panamá de BB a BB+. Se trata de otro movimiento en la evaluación porque en 2004 tenía “BB con perspectiva negativa”.

Roberto Sifon Arévalo, analista y director asociado de Standard & Poor‚s, atribuye la mejoría también al proceso de reordenamiento de las finanzas públicas iniciado por Torrijos y a los favorables factores internacionales, que ayudaron a los ingresos del Canal.

“Al mismo tiempo el país ha visto en estos últimos años un nivel de diversificación económica inédito en su historia, donde no solo el Canal empuja el ritmo económico, sino nuevos sectores como el de la construcción residencial, la apertura de nuevos centros logísticos, call centers, turismo, etc. que están funcionando como motores de crecimiento”, indica Sifon.

No obstante, el analista señala que el desafío para Panamá “es que la próxima administración, sea del partido que sea, continúe en los pasos de la actual, aprovechando las fortalezas de las que hoy disfruta el país y evitando volver a situaciones pasadas en las que se cae en la tentación de reversar el terreno ganado en estos últimos años”.

“En Standard & Poor’s hemos y seguiremos dando un continuo seguimiento a este desempeño”.

No se puede negar que Panamá ha sido efectivo en “reducir las tasas de interés y alargar los plazos de pago”.

Pero Adolfo Quintero recomienda hacer reservas para cuando Panamá deje de crecer a los actuales niveles.

“Un ejemplo es Chile que en el periodo de vacas gordas hizo reservas que luego ha utilizado para enfrentar la desaceleración”, añade.

Felipe Chapman, socio director de Indesa, coincide en la necesidad de aplicar una estrategia previsora.

“El manejo de la deuda ha sido satisfactorio, pero la actual coyuntura nos brinda la oportunidad de reducir aún más la deuda y aplicar una estrategia contra-cíclica, de forma tal que cuando caen el consumo e inversión privada, podamos expandir el gasto público para contrarrestar”.

Latorraca señala que se necesita un cambio sobre el gasto público. “Así como ha aumentado la deuda pública, el gasto operativo (no de inversiones) continúa incrementándose desenfrenadamente. El gasto de operaciones del Gobierno central ha aumentado en más de 450 millones de dólares, un incremento del 47%”, sostiene.

Por otro lado, el superávit fiscal que tuvo el sector público no financiero (SPNF) en el primer semestre de este año, de 228 millones de dólares, fue un éxito teñido de claroscuros, pues ese balance positivo fue financiado con ingresos extraordinarios no recurrentes, como las concesiones de nuevas bandas celulares, ventas de propiedades en las áreas revertidas y ganancias de capital en operaciones de reestructuración de deuda. Sin esos ingresos extraordinarios, que según reportó Indesa suman 226 millones de dólares, no hubiese habido superávit.

La expansión del gasto provocará que el superávit de este año, de acuerdo con Indesa, sea de solo 1% del PIB, mucho menos que el 3.5% registrado en 2007. La clave estará en ahorrar.

COLUMNISTA INVITADO

Una perspectiva de largo alcance

Alejandro Cordero

mf@prensa.com

OPINIÓN | El manejo de la deuda pública es uno de los instrumentos claves de la política económica. Indicadores importantes para evaluar el éxito de la política de endeudamiento lo constituyen, por una parte, el promedio de su vencimiento y, por otra, su costo de oportunidad, es decir, la mejor alternativa perdida, amén de la relación deuda/PIB nominal.

En cuanto al promedio de vencimiento de los papeles de deuda, es importante indicar que no es análoga una deuda que vence en un mes a otra que redime dentro de 5 ó 10 años. Dado el cuantioso tamaño relativo de los desembolsos, tanto para la cancelación del principal como de los intereses, los vencimientos a muy corto plazo po-drían colocar en grave peligro el balance de las finanzas públicas al momento del pago. El promedio de vencimiento de los papeles de deuda no resulta muy importante cuando nos hallamos en una situación de bonanza económica como la que atravesamos actualmente. No obstante, este indicador sí resulta primordial cuando se atraviesa una situación de dificultades económicas. Por ello la sostenibilidad a largo plazo de la política de endeudamiento está estrechamente ligada a una adecuada programación de los plazos de vencimiento. Es preocupante en el caso de Panamá que cuando se hacen oficiales los indicadores de deuda pública pocas veces se mencionan los plazos de su vencimiento o se discute la fragilidad de su sostenibilidad a largo plazo ante los vaivenes cíclicos de la economía.

El costo de oportunidad de la deuda es otro elemento que hay que tomar en consideración cuando se evalúa la salud de la política de endeudamiento público. Los costos alternativos de la deuda se cuantifican a partir del monto de los intereses a pagar, en virtud de que el principal siempre es refinanciable en los mercados de capitales. ¿Los costos de la deuda han tendido a incrementarse con el tiempo? Dada la evolución a la baja de los tipos de interés en los mercados de capitales y la perspectiva positiva que han tenido los papeles de deuda soberana panameños estos costos, obviamente, han tendido a reducirse. No obstante, esta fortaleza también se presenta como su principal debilidad cuando se producen shocks externos adversos como son los incrementos cíclicos de los tipos internacionales propios de las políticas antiinflacionarias de los principales bancos centrales.

Nuevamente, no queda claro cuáles son las reservas o mecanismos con que cuentan las autoridades responsables del endeudamiento público local para hacer frente a la evolución adversa de los tipos de interés en los mercados de capitales internacionales.

En síntesis, asumir como indicador casi exclusivo de la salud de la política de endeudamiento la relación deuda/PIB nominal es partir del supuesto de que el futuro será igual al pasado, lo que constituye una perspectiva de análisis sumamente peligrosa en el diseño de una política que afecta a uno de los equilibrios fundamentales de la macroeconomía con repercusiones sobre el mercado laboral y el bienestar colectivo.

El autor es catedrático universitario.