LA PRENSA | Maydée Romero

Enrique Vergara.

Eduardo Pérez-Motta.

Luis Berenguer.

Celina Escolán Suay.

El sueño de conseguir un mercado abierto, de precios competitivos y de una amplia oferta de bienes y servicios es difícil de cumplir.

Hay costumbres encarnizadas, por las cuales las empresas se ponen de acuerdo para repartirse el mercado y fijar precios, y también es común que una compañía se aproveche de una posición dominante para impedir la actuación de sus competidoras.

Estas prácticas son combatidas con mayor intensidad por los Estados con el cambio de normas, fortalecimiento a las instituciones y aumento de las multas, según confirmaron los representantes de diferentes países que participaron la semana pasada del Foro Latinoamericano e Iberoame-ricano de Competencia.

El primer pilar para enfrentar los grupos monopolísticos es la fase de investigación que, según la superintendenta de la Competencia de

El Salvador, Celina Escolán Suay, se da por denuncias que recibe su institución.

En ese sentido, por ejemplo, funcionarios de ese país lograron inspeccionar y analizar la documentación de empresas harineras que fijaron precios para producir pastas, galletas, pan y dulces.

Escolán Suay ha investigado y sancionado, también, a empresas dentro del sector de electricidad y combustible. Además, ha emitido recomendaciones para mejoras en las diferentes políticas fiscal, comercial, arancelaria y agrícola, y fomentar la competencia.

En ese país se sancionó a un llamado “cartel ingenuo” que por no conocer la ley incurrió en fijación de precios de productos agrícolas a través de comunicados públicos.

Multas millonarias

Un pilar importante en este tema es la sanción que se puede aplicar por prácticas monopolísticas. Los montos topes de cada país varían significativamente.

En Panamá, por ejemplo, la sanción máxima apenas llega al millón de dólares, mientras que en Chile se eleva a 21 millones de dólares.

Eduardo Pérez-Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México, enfatiza en la capacidad de su entidad en cambiar la normativa a través de diferentes recomendaciones para fomentar la competencia en transporte, telecomunicaciones y energía.

Las sanciones en México pueden rondar los siete millones de dólares, y van desde prácticas absolutas como colusión, hasta abuso de dominio.

“Esto es muy poco cuando hablas de empresas grandes”, señala Pérez Motta.

Con los cambios a la ley a fines de 2007, la Superintendencia salvadoreña puede aplicar multas hasta el 6% de activos y ventas de las empresas y hasta 10 veces la ganancia obtenida de la conducta.

Enrique Vergara, Fiscal Económico de Chile, dice que la lucha contra los monopolios en su país se hace a través de una fiscalía y un tribunal especializado.

“Recientemente atendimos un caso de fusión entre los dos más grandes retails del país y el tribunal rechazó la unión que involucraba supermercados, tiendas y emisores de tarjetas de crédito”, señala Vergara.

Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia de España, explica que en su entidad están unificadas la investigación y la decisión. Una dirección investiga y un consejo decide.

“Perseguimos los acuerdos colusiones, los carteles, el abuso de posición dominante y otras prácticas”, dice Berenguer. Las multas representan el 10% de las ventas logradas por la empresa en cuestión y el tope de multas es de hasta 100 millones de euros (130 millones de dólares). Nada parecido a los montos que se manejan en Centroamérica.