Si hay algo que condiciona la ampliación del Canal de Panamá es el dinero que se necesita pedir prestado para financiar la obra.
El proyecto en su totalidad requiere, según los cálculos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de una inversión de 5 mil 250 millones de dólares, de los cuales 2 mil 300 millones se contratarán como deuda con grupo de agencias multilaterales y bancos comerciales.
Según el subministrador del Canal de Panamá, José Barrios Ng, se hacen todos los esfuerzos para que en los próximos tres mes se definan los futuros compromisos financieros.
“Esta es una labor compleja que requiere de un proceso de negociación cuidadoso”, dice Barrios Ng.
El objetivo es lograr que el financiamiento tenga los mejores términos comerciales, pero su duración y periodo de gracia se asemejarían a una estructura tipo Project Finance, a 20 años.
La ventaja de utilizar esta estructura combinada es que no se necesitaría que los flujos de efectivo, para el servicio del financiamiento, estén asegurados a través de un fideicomiso. De lograrse este tipo de estructura sería algo extraordinario. Dicho de otra forma, la ACP tendría lo mejor de dos mundos.
La decisión que se tome dependerá de los riesgos, tasas y condiciones, pero algo que sí es un hecho es que independientemente de la deuda que se contraiga, ésta será respaldada solamente por el desempeño de la empresa y los flujos de caja que genere.
No se necesitará del respaldo del Estrado, ya que por ley Panamá no puede avalar ningún tipo de estructura ni ofrecer como colateral activos del Canal.
El costo más relevante del proyecto, según la Propuesta de Ampliación presentado en abril de 2006, es la construcción de los dos nuevos complejos de esclusas –uno en el Atlántico y el otro en el Pacífico – con valores estimados de aproximadamente mil 10 millones de dólares y mil 30 millones de dólares respectivamente.
En total, las nuevas esclusas con sus tinas de reutilización de agua tendrán un costo estimado total, incluyendo contingencias, de 3 mil 350 millones de dólares.
El reto, ante la magnitud de los montos de inversión de la obra, es conseguir un financiamiento barato, lo cual será posible, entre otras cosas, debido a la calificación otorgada recientemente a la ACP por Moody´s.
La agencia le dio a la ACP una calificación de A1 como ente asociado al Gobierno, reconociendo las condiciones del entorno y el desempeño de la entidad.
Además, asignó una calificación prospectiva de grado de inversión A2 para la posible contratación del financiamiento parcial para el programa de ampliación.
Chee Mee Hu, analista responsable de la calificación por parte de Moody´s, explicó a Martes Financiero que las calificaciones son una medida de riesgo de crédito, y así mejoran la transparencia y eficiencia de los mercados de deuda.
“Disminuyen la falta de simetría de la información entre deudores e inversionistas, son una protección para el inversionista”, ratifica Mee Hu.
La calificación de Moody´s reafirma la capacidad de la ACP para hacerle frente a una posible deuda. Por otro lado, le permite a la entidad estar en una posición ventajosa al momento de obtener los términos de financiamiento.
De acuerdo con un análisis de la ACP, el grado de inversión A2 representaría aproximadamente hasta medio punto menos de interés en el financiamiento que requerirían.
Esto implica un ahorro estimado de hasta 150 millones de dólares durante el periodo de vigencia del crédito, dice Barrios Ng.
De ser necesario, Moody´s podría dar una calificación final basada en la revisión de los términos y condiciones de la transacción que se realice.
Mee Hu estima que “si no se hacen cambios importantes a los términos preliminares esperamos que la calificación sea la misma”.
Cualquier alza dependería de cambios en el desempeño, administración, modelo de negocio y de eventos de la industria. “Estaremos monitoreando el desempeño de la ACP”, afirma la analista.
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