DECOMISOS. El organismo está atado a la sentencia final que dicta el juez de los bienes incautados y dicha resolución, en la mayoría de casos, puede durar años. LA PRENSA | Archivo

Durante los años 2006 y 2007 la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) auspició 17 proyectos en materia de prevención, capacitación y modernización, con una inversión de más de 3 millones de dólares, según la institución.

Pero esa cifra podría ser mayor cuando la ley establece que dicho organismo “recibirá todos los dineros, bienes o valores que hayan sido utilizados o provengan de delitos del narcotráfico cuando la condena a los imputados esté jurídicamente en firme”.

Por ejemplo, en la lista de bienes incautados al colombiano José Rayo Montaño, capturado en Brasil en 2006 y señalado por las autoridades como uno de los principales capos de la droga, hay 25 embarcaciones, 157 vehículos, dos aeronaves y 144 inmuebles, además de 152 cuentas bancarias y casi ocho millones de dólares.

Varios de esos inmuebles aparecen resguardados en Panamá, sin embargo, la ley establece que dichos bienes pasarán a la Conapred una vez el juez dicte sentencia y ratifique que el delito es relacionado con el narcotráfico.

El cuello de botella

Para Rosendo Miranda, ex fiscal de drogas durante 10 años, la Conapred se renueva o muere, pues su funcionamiento como organismo está atado a la sentencia final que dicta el juez de los bienes incautados y dicha resolución, en la mayoría de los casos, puede demorar años, lo que retarda la entrada de dinero y la concreción de proyectos.

“Por ley, la fiscalía es el ente que se encarga de realizar las investigaciones. Cuando ésta detecta que hay bienes producto de actividades delictivas, debe cautelarlos y esa cautelación se mantiene hasta que el caso llega al juez. Una vez que el juez evalúa el expediente y determina que es responsabilidad y falla, el juez se pronuncia sobre los bienes, ordena el decomiso y que esos bienes sean puestos a disposición de la Conapred, que entra a administrar las propiedades”.

Miranda considera que es en esa etapa intermedia, desde el momento de la aprehensión hasta el momento de la sentencia o juicio, cuando se presentan los mayores problemas de administración. “Con las reforma a la ley en 2007, se le da facultades a la Conapred para que pueda dar los bienes en administración, previo a todos los controles”.

Carlos Alvarado, diputado de la comisión de drogas en la Asamblea Nacional estima que el inventario de los bienes incautados por droga en el país puede ascender a más de mil millones de dólares en 2 años y coincide con el ex fiscal en que es necesario reformar la Conapred, o que de plano se conforme como un instituto nuevo.

“Antes de que finalice este mes, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se presentará un proyecto de ley para que la comisión tenga una autonomía administrativa amplia, que permitiría deshacerse de tantos recursos multimillonarios que están allí cautelados, decomisados”, explica Alvarado.

El diputado comenta que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), por ejemplo, trabaja como un organismo independiente en cuanto a su administración. El ICD “recibe partidas que se le asignan en los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y en sus modificaciones”, también “recibe contribuciones y subvenciones de otras instituciones, de personas físicas o jurídicas, nacionales, extranjeras, públicas o privadas”.

Necesaria la transformación

Es a partir de 1982, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, declara al narcotráfico como un problema de seguridad nacional para esa potencia, que en la región se comienza a crear organismos para la lucha contra las drogas. Panamá no fue la excepción. Con la Ley 23 del 30 de diciembre de 1986 se instituye la Conapred.

Laura Montenegro, secretaria ejecutiva de este organismo, indica que si bien a lo largo de dos décadas el ente ha trabajado en campañas de prevención y desarrollado programas, reconoce que debe transformarse.

“Conapred no hace parte del Ministerio Público. La secretaría recibe una partida oficial para los gastos administrativos, pero no hay el dinero que permita trabajar de manera independiente”, dice Montenegro. Y en todo caso, para que los bienes incautados pasen a manos de la comisión, “lleva demasiado tiempo”.

A pesar de la reforma de 2007, que entre otras cosas, permite al fiscal la venta de bienes perecederos, que representan un costo elevado por la administración de los mismos, el objetivo del Conapred va más allá de ser un ente que luche contra las drogas. Otros delitos vinculados con el narcotráfico, como el lavado de dinero, hacen que el reto sea cada vez sea mayor.