AHORRO. El Fondo es administrado por el Banco Nacional de Panamá, en calidad de fiduciario. LA PRENSA | Jihán Rodríguez

Una gran alcancía con mil 127 millones de dólares es una manera sencilla de interpretar la esencia de lo que es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD). Entre otras cosas, el mismo sirve de respaldo al país en los mercados financieros y los intereses que genera, son destinados a obras para el de-sarrollo social.

El FFD se crea mediante la Ley No. 20 del 15 de mayo de 1995 “y está compuesto por los fondos provenientes de las privatizaciones de empresas públicas, así como de las ventas y concesiones que realice la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y demás recursos que le asigna la Ley”.

Pero en 2002 (Ley No. 20 del 7 de mayo), mediante una modificación a la ley de 1995, se establece “que los recursos del Fondo solo podrán ser utilizados hasta 200 millones de dólares en obras de infraestructura debidamente identificadas y de generación masiva de empleos”. Este cambio, que según expertos fue positivo, permite entonces aprovechar y destinar recursos del patrimonio del Fondo para obras públicas. En otras palabras, invertir en desarrollo social.

Aracelly Méndez, directora de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explica que otras modificaciones a la ley fueron importantes porque la inversión en programas sociales se ha concretado: “esos rendimientos (de los intereses) se utilizan a través de la ley de presupuesto año por año y en promedio son de 70 millones a 75 millones de dólares anuales en inversión social”.

En 2007, por ejemplo, los rendimientos del Fondo fueron de 74 millones. Al sector social se le de-sembolsó 60.7 millones; a obras públicas 300 mil; a vivienda 4.7 millones, a educación 6.5 millones, al agropecuario 400 mil y al Instituto Panameño de Turismo, un millón.

Proyectos de inversión

De esa partida de 200 millones, la ley (de 2002) dictó que hasta 70 millones se destinarían al sistema de acueductos y alcantarillados nacionales; hasta 40 millones en habilitar sistemas de riego para el apoyo a las actividades agropecuarias y hasta 90 millones en la ampliación y rehabilitación del tramo Divisa-Paso Canoa de la carretera Interamericana.

Un documento proporcionado por el MEF muestra que desde 2003, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y los ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario y Vivienda son las entidades a las que se les ha desembolsado capital para el desarrollo de proyectos. De esos 200 millones, a la fecha se han de-sembolsado 183.5 millones.

Sobre esos proyectos de inversión social, el economista Nicolás Ardito Barletta sugería en 2001 enfocar el uso del FFD para reforzar la capacidad de recuperar el crecimiento y generación de empleos, “y de mantener la oportunidad de que el Fondo se regenere para seguirlo aplicando al desarrollo nacional vía el aumento de capitales variados”.

Nicolás Ardito Barletta. LA PRENSA | David Mesa

Según Barletta, los más de 900 millones del Fondo que están en deuda externa panameña dan una mejor postura fiscal y financiera de riesgo país y dice: “es importante que el proyecto a financiar tenga una alta tasa de rentabilidad social. Hay técnicas muy precisas que permiten la medición de esos beneficios sociales y fijar el rendimiento de esa inversión” y aplaude que los rendimientos del Fondo se destinen al desarrollo social y humano.

Por su parte, Alicia Jiménez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, coincide con Barletta en que el FFD debe ser una inversión pública social, con infraestructura de capital humano, financiero y de acumulación de capital estable que propicie el desarrollo del crecimiento económico del país.

Jiménez enfatiza que es necesario mantener la política del aporte de inversión pública social y productiva para el país, que propicie un crecimiento más sostenible, siempre y cuando se mida la optimización de esos recursos, sin embargo, afirma que “aún no se ha aprendido a hacer una post auditoría de la utilización de cada dólar en inversión pública hacia esos sectores sociales y productivos”.

Administración y rendimiento

El MEF indica que aun cuando los cambios en la ley han permitido el uso parcial del capital del FFD, este capital se ha preservado y al 31 de diciembre de 2007 el saldo del Fondo es de mil 127 millones de dólares.

Estamos hablando de que la misma cantidad del saldo del FFD, equivale aproximadamente al 56.5% del presupuesto que destinó China para los juegos olímpicos de este año, que ascendió a casi dos mil millones de dólares.

En mayo de 1996, el Banco Nacional de Panamá y el Ministerio de Hacienda y Tesoro (actualmente Ministerio de Economía y Finanzas) celebraron un convenio de fideicomiso, “que representa el instrumento constitutivo del Fondo y en donde se establece que será administrado por el Banco Nacional de Panamá en calidad de fiduciario”.

Según el MEF, desde la creación del Fondo se ha pretendido realizar “las inversiones ajustadas a criterios de diversificación de riesgo y plazo bajo condiciones de seguridad de rendimiento y liquidez. Este mecanismo de inversión garantiza preservación del capital del Fondo, ya que solo establece utilizar los rendimientos generados a través del Presu-puesto del Estado en obras de interés social”. En 2007 esos réditos fueron de 74 millones de dólares.

Alicia Jiménez destaca que la crisis hipotecaria en Estados Unidos y los bajos rendimientos del mercado afectan el rendimiento del FFD y sugiere que se evalúe la rentabilidad que tiene para aplicarlo en bonos de compra de deuda en mercados secundarios.

“Podríamos estar utilizando como garantía nuestro fondo para aplicar, aumentar y trasladar esos rendimientos a mayor utilización de inversión pública y no como ahora que estamos perdiendo rendimiento”, señala Jiménez.

La Ley del FFD contempla la inversión de hasta un 100% en Bonos Globales de la República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2007 la inversión en dichos bonos es de 863.2 millones de dólares. Los rendimientos que genera esta categoría de inversión son de aproximadamente 68 millones de dólares anuales, los cuales son invertidos a través del presupuesto anual del Estado en proyectos de interés social.

Sin embargo, como retos pendientes para asegurar que esta alcancía cumpla con sus objetivos todavía quedan por realizar el análisis costo-beneficio para futuras inversiones, mantener la transparencia en el manejo del Fondo y elaborar los reportes de los avances de ejecución de las obras.