Administración. El 65.2% de los funcionarios públicos, según el MEF, está amparado bajo leyes especiales. LA PRENSA | Jorge Fernández

El artículo primero de la Ley 6 del 2 de febrero de 2005 es claro cuando dice que a partir del día uno de enero de 2008 las instituciones del sector público no podrán tener mayor número de servidores que el que tenían en la estructura de personal al 31 de diciembre de 1999.

Esta ley es la contraparte de una reforma fiscal aprobada ese mismo año, con la cual se pretendía reducir los gastos del Estado, en donde la planilla ejerce una gran presión.

Para tener una idea, en 1999 el Estado desembolsó 903.6 millones de dólares en el pago de planilla, comparado a los mil 380 millones que entregó en 2007. Esto representa un aumento de 445 millones en 8 años, o 52.7%.

Así, lo que quedó plasmado en la Ley 6 de 2005 no es precisamente la realidad de diciembre de 2007, cuando el Estado contaba con 164 mil 750 funcionarios, frente a los 140 mil 653 de diciembre de 1999, es decir, 24 mil 97 servidores públicos más.

Roberto Lugo, director de Presupuesto de la Nación, tiene la explicación para esto. Y es que la misma ley hace una excepción para aquellos sectores amparados bajo leyes especiales, sumado a los que prestan servicios públicos de salud, educación y seguridad.

Según Lugo, “el Gobierno está cumpliendo porque la misma ley hace énfasis en que el aumento de personal en los servicios públicos de salud, educación y seguridad es considerado aceptable previa sustentación de que se ha dado una mayor demanda y crecimiento demográfico”.

Y es precisamente en los sectores de servicios donde se registran los incrementos. El sector educativo pasó de 49 mil 42 empleados a 60 mil 812; salud creció de 28 mil 343 funcionarios a 34 mil 616; y seguridad de 16 mil 681 a 18 mil 616.

Lo que ocurre es que, de acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2007 el 65.2% de los funcionarios estaba amparado bajo leyes especiales.

Por lo que a pesar de que el grupo administrativo en la planilla estatal registró una reducción de mil 304 funcionarios en comparación con diciembre de 1999, los sectores amparados bajo leyes especiales sí se incrementaron. (Ver tabla Planilla Estatal).

Servicio al cliente

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Juan Carlos Mastellari, no ve mayor problema en la cantidad de empleados públicos porque comparte con Lugo que la población ha crecido, pero cuestiona el hecho de que ninguno de los servicios ha mostrado una mejoría que sustente tal incremento.

Según el empresario, mientras el Gobierno no tenga competencia, no habrá incentivos para que los servicios mejoren. “El Estado debe promover políticas que contengan algunos elementos orientados a ofrecer un mejor servicio al cliente, que somos todos los contribuyentes”, recalcó.

Por su parte, Samuel Rivera, secretario de finanzas de la Central General de Trabajadores de Panamá, asegura que el sistema de contratación del Estado requiere de una modernización, ya que, según él, “no es posible que el aumento en la planilla obedezca a situaciones netamente políticas”.

Rivera asegura que el sector privado también debe hacer una propuesta para asumir el desbalance que hay en los empleos, garantizando puestos de trabajo con buena remuneración.

Lenta carrera

La Ley 9 de 1994 que creó la Carrera Administrativa significaba un alivio para los servidores públicos que veían sus trabajos pender de un hilo cada vez que cambiaba el gobierno. A un año de las próximas elecciones presidenciales hay más de 50 mil empleados esperando entrar al sistema que, durante la administración de la presidente Mireya Moscoso, estuvo paralizado.

Arnulfo de León, director general de Carrera Administrativa, es consciente de que el trabajo está atrasado, a tal punto que nunca se han realizado evaluaciones de desempeño tal como lo estipula la ley, y aún hay una gran cantidad de funcionarios que no están acreditados.

Osvaldo de La Guardia, coordinador del área de administración y planificación de recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, asegura que las posibilidades de incorporar a servidores públicos dentro de la carrera administrativa, es ahora mucho más viable, y requiere de un análisis que no demora más de un mes. Por ello, se siente optimista de que muchos más empleados se sumarán a la carrera.

Desde que arrancó el proceso hasta 2007 se han acreditado 20 mil 274 funcionarios, de una suma de 58 mil 304 que deben ser evaluados para determinar si califican dentro de la carrera administrativa.

Mientras llega ese momento los servidores públicos solo cuentan con el respaldo de su desempeño y la aspiración de quedar dentro de los niveles permitidos de una planilla que cada vez le pesa más al Estado.