La razón última de la existencia del Estado es crear un entorno legal donde las personas puedan vivir sus vidas en un ambiente de libertad que les permita lograr sus objetivos.
Para que el Estado cumpla con estas funciones va a requerir de cierta cantidad de jueces que hagan ágiles los procesos judiciales y una fuerza policial que haga que la población se sienta segura y que, en caso de ser necesario, los jueces hagan cumplir sus decisiones.
Igual que en el caso de cualquier empresa, tener más o menos recursos de los que se necesitan para brindar un servicio o producir un bien hace que la organización sea ineficiente. Tener más jueces o policías de los que se necesita para garantizar el entorno de libertad y seguridad implica un costo innecesario. Tampoco habría eficiencia si se tienen menos jueces o policías de los necesarios para garantizar un entorno de seguridad y respeto a la ley.
Por lo general, las democracias mal entendidas, es decir aquellas donde el poder del Estado es tan discrecional como el de un gobierno dictatorial, las promesas electorales hacen crecer el gasto público innecesario. Cada dólar que el Estado gasta, “alguien” lo paga de una u otra forma.
Básicamente hay tres formas de financiar el gasto público:
(1) impuestos, (2) deuda pública (interna o externa) y (3) emisión de dinero.
En el caso específico de Panamá, por estar dolarizada, solamente quedan dos opciones (1) impuestos o (2) deuda externa. Deuda externa no significa deuda fuera del país sino en moneda extranjera.
En la medida que el gasto suba y se financie con impuestos es claro que el que paga los impuestos tiene que reducir su consumo o inversión. Una reducción de la inversión disminuye el crecimiento del ingreso real de la población y, en realidad, aumenta el ingreso en el corto plazo del Gobierno, pero lo disminuye en el largo plazo.
El mejor impuesto es el que tiene una tasa baja sobre un ingreso de la población alto. Si el producto bruto se duplica se podría bajar la carga impositiva en un 40% y la recaudación sería más alta.
Cabe agregar que un dólar invertido por el sector privado genera más riqueza que un dólar gastado por el Gobierno. El Gobierno no “crea” riqueza, solamente la redistribuye en un sentido distinto al que el mercado ha realizado.
Si en vez de impuestos el Gobierno se endeuda para financiar el gasto, se generan señales erróneas que inducen a toma de decisiones en el sector privado. De una u otra manera, la deuda en moneda extranjera provoca ingreso de dólares al país. Estos dólares no corresponden a mayores exportaciones o inversiones que aumentan la productividad.
Por el contrario, igual que en el caso de cualquier persona particular que se endeuda para financiar “gastos” por encima de sus ingresos, el punto final es una crisis financiera. El ingreso de dólares para financiar gasto público genera, sin embargo, la sensación errónea de que la población es más rica. Las importaciones crecen por encima de las posibilidades reales de pago y tarde o temprano se genera la crisis.
Habitualmente estas crisis
luego se atribuyen a factores equivocados, por ejemplo la apertura de la economía.
El equilibrio fiscal es “una” de las condiciones muy importantes para evitar las crisis económicas.
