LA PRENSA | Jorge Fernández

especialista. Federico Alais aboga por el libre albedrío de cada país para regular los alimentos alterados de modo artificial.

Federico Alais vino a Panamá con un propósito en mente: explicarle a los productores e importadores panameños que los alimentos genéticamente modificados no representan una amenaza de seguridad y que aplicarle restricciones a su entrada al país, solo aumentaría sus costos.

El argentino especialista en negociaciones internacionales vinculadas con la biotecnología agropecuaria y los organismos genéticamente modificados estuvo de paso por el país para hablar de la experiencia de su país, Argentina, que en una década logró duplicar su producción de granos.

“Argentina, para darte un ejemplo, pasó de producir 50 millones de toneladas de granos a 100 millones de toneladas en 10 años. Duplicó su producción en una década, lo que fue posible en gran parte por la incorporación de estos cultivos. Esos cultivos son comercializados sin producir ningún tipo de daño”, asegura el argentino que participó en la mesa de negociaciones del Protocolo de Cartagena y el Codex Alimentarius.

POCOS, PERO PRODUCTIVOS

En el mundo hay 22 países que actualmente producen cultivos cuyas semillas han sido genéticamente modificadas. En América Latina, Argentina, Brasil y México han incursionado en la biotecnología. Colombia, por su parte, produce claveles con genes manipulados por el hombre.

Las grandes potencias como Estados Unidos, China y la India también están en la jugada de los alimentos genéticamente modificados (GM), por lo que -asegura Alais- cualquier regulación que vaya más allá de asegurar la calidad del producto, entorpecería el flujo comercial.

“Los años de experiencia han demostrado que los países que han querido ponerle medidas rigurosas a los alimentos modificados genéticamente, lo único que han generado son alzas en los costos”, enfatiza.

Hace una década, la Unión Europea no compartía la opinión del experto argentino y en medio de la crisis sanitaria de las vacas locas, prohibió la importación de carne de animales tratados con hormonas para el crecimiento.

La disputa entre las naciones europeas y los comerciantes llegó hasta la Organización Mundial del Comercio (OMC), que eventualmente decidió que la medida no se basaba en evidencia científica y que constituía una barrera comercial.

Desde entonces, la ciencia se ha convertido en el mejor aliado de los productores de GM, que se amparan bajo el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para seguir con su negocio. Este acuerdo, que es reconocido por la OMC, obliga a que las regulaciones se basen “en principios científicos”.

Los europeos, sin embargo, insisten en “el principio de la precaución”, que permite prohibir nuevos productos sospechosos de representar una amenaza.

Ellos quieren, por ejemplo, incorporar este principio a la Comisión del Codex Alimentarius (Codex), un organismo conjunto de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, encargado de desarrollar los principios para el análisis de riesgos para la salud humana de los alimentos GM.

Alais, sin embargo, cabildea el libre albedrío de cada país para regular los alimentos alterados de un modo artificial. “El foco de la regulación está en la seguridad del producto. Panamá tiene que ver qué política toma”, explica.

Es la disputa entre las bondades comerciales de la biotecnología y la seguridad alimentaria. Ahora, Panamá también tiene que decidir en qué lado se queda.