LA PRENSA | David Mesa

REMODELACIÓN. El Gobierno asignó 31.3 millones de dólares para el mejoramiento de edificaciones como La Boyacá en San Felipe.

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Para la empresa privada es un negocio poco atractivo y para el Gobierno es una obligación que se le dificulta cumplir, a veces, por el presupuesto restringido. Se trata de los proyectos residenciales de interés social que buscan darle una respuesta habitacional a aquel porcentaje de la población cuyo ingreso mensual no sobrepasa los 250 dólares mensuales.

Para la cartera de Vivienda de la actual administración, reducir el déficit habitacional ha sido uno de sus proyectos insignia que se ha visto accidentado desde su comienzo, cuando las inundaciones de la urbanización Prados del Este en septiembre de 2004 dejaron a 475 familias sin casa en este desarrollo inmobiliario de Pacora.

En los primeros tres años de gobierno, el déficit habitacional se ha reducido 16%, y de las 195 mil 769 demandas habitacionales que la actual administración encontró al comenzar en septiembre de 2004, aún persisten unas 140 mil 120. Con un promedio de 23 mil hogares que se forman anualmente, el Gobierno trata de suplir esta demanda y de mantener los incentivos para que el sector privado continúe en el negocio de las viviendas cuyo precio no sobrepasa los 20 mil dólares.
VIVIENDA A LA MEDIDA

Entre los innumerables proyectos millonarios con ofertas de residencias con precios que rozan hasta el medio millón de dólares, existe un porcentaje de la población con un ingreso familiar menor a un dólar diario que no puede aspirar a comprar una vivienda propia.

El 44.88% de los 160 mil 552 hogares que en lo que va del año carecen de una vivienda tiene ingresos mensuales menores a los 250 dólares. El 25.9% correspondió a las familias con entradas de 601 dólares o más; el 21.3% a aquellas con ingresos entre 301 y 600 dólares, y el 8% restante genera entre 250 y 300 dólares

mensuales.

“Había un sector de interés social que ese mercado (el privado) no estaba interesado en servir. Vistas las cosas así, entonces se estableció que la empresa privada construyera viviendas por arriba de los 15 mil dólares y el Mivi se ha encargado de construir las viviendas por debajo de los 10 mil dólares”, explica Ricardo Bermúdez, asesor del despacho superior del ministerio.

Según el asesor ministerial, para tratar de seducir al sector privado a incursionar en la construcción de viviendas de bajo costo, han ofrecido otros incentivos como la prórroga de

la ley de intereses preferenciales.

En los dos últimos años, el Mivi ha invertido 40.2 millones de dólares en uno de sus proyectos para reducir el déficit habitacional: la construcción de 9 mil 880 viviendas sociales, conocidas como llave en mano, que se ejecutan en conjunto con los programas del Parvis Mejorado, el Fideicomiso Ecológico de Panamá y la Red de Protección Social.

El Gobierno también asignó un presupuesto un tanto menor (31.3 millones de dólares) para el mejoramiento de 9 mil 861 inmuebles ubicados en barrios urbanos deteriorados.

Otro de sus proyectos corresponde a la mensura y legalización de los terrenos que fueron invadidos por precaristas, para lo cual se asignaron 2.3 millones de dólares. Según Bermúdez, en el país hay unos 250 asentamientos informales que para convertirse en una verdadera solución habitacional, deben definir la legalidad de la propiedad.

La empresa privada también ha tenido su participación en la oferta de viviendas de interés social. De las 40 mil soluciones habitacionales que se registraron el año pasado, 53% provino del sector privado.

Con tan solo dos años para tratar de revertir el déficit habitacional que sigue creciendo a un ritmo de 20% anual, el ministerio se ha fijado la meta de terminar el año 2008 con 140 mil hogares a los cuales proporcionarles una vivienda.