Lo siguiente es real y concreto. Más de 500 mil personas visitan por mes el sitio de internet “PanamaCompra”; existen cerca de 5 mil proveedores registrados dentro del portal que reciben avisos de actos públicos vía correo electrónico y más de 3 mil 500 funcionarios han sido capacitados para interactuar con el nuevo sistema de compras gubernamentales.
Estos logros son importantes, es cierto; sin embargo, la cifra de más de dos millones de visitas al sitio web nos lleva a la siguiente reflexión: la herramienta de compras del Estado está siendo vista por el ciudadano que se mantiene vigilante de lo que compra Panamá.
Este es un tema que va ligado necesariamente a la percepción de la transparencia. Si lo vemos en esta dirección, prácticamente el 100% de los actos públicos que se han llevado a cabo se publican en el sitio de internet, pero no es suficiente, necesitamos que la lupa del ciudadano se acerque más a PanamaCompra para que mantenga esa permanente vigilancia.
De por sí, este proyecto le da numerosas ventajas al ciudadano, pues a través del sitio existe facilidad de acceso -por derecho- a corroborar qué compra el Estado, a quién le compró y en cuánto lo compró.
Al mismo tiempo, miles de proveedores cuentan las 24 horas al día con una herramienta firme que les garantizará participación directa en todos los actos públicos, agilidad en el proceso y mayor competencia, y quienes en su momento podrán ser una pieza en el proceso de la vigilancia ciudadana como paradigma real del verdadero ejercicio de la democracia.
Nuestra intención es promover la transparencia, mantener dinámica la actividad comercial y promover competencia entre los proveedores; eliminar los tropiezos burocráticos del pasado.
El tiempo era necesario acortarlo. Había que encontrar la forma de digitalizar el proceso de manera tal que se descartara por completo la publicación en periódicos, ahorrando así, tiempo y costos. En eso estamos y para eso necesitamos la lupa vigilante del ciudadano.
El autor es director general de Contrataciones Públicas
La creciente complejidad legal de las fusiones y adquisiciones
El autor es socio responsable del Área de Práctica de Fusiones y Adquisiciones de Arias, Fábrega & Fábrega y bajo su área se han estructurado importantes transacciones como la venta de Banco Cuscatlán a Citibank.
ROGELIO DE LA GUARDIA
mf@prensa.com
Las fusiones en el sector bancario en Panamá y la región centroamericana han alcanzado cifras récord en los últimos meses. La adquisición de Banistmo por parte de HSBC ha sido seguida por recientes transacciones, en su conjunto, de aún mayor impacto como las adquisiciones de Banco Uno y Banco Cuscatlán por parte de Citibank, la oferta pública de adquisición de Banagrícola por parte de Bancolombia y la integración de Banco General y Banco Continental creando un mega banco de capital panameño con activos de 7 mil millones de dólares. Y lejos de la creencia popular, los expertos predicen que el ritmo de integración de la industria bancaria y financiera continuará en los próximos años.
El renovado interés de la banca internacional en una región más integrada y la competencia en la industria continuarán ejerciendo presión hacia una mayor concentración.
Lo que también es cierto es que no solo el tamaño, sino la complejidad de las transacciones cada vez imponen mayores exigencias de estructuración legal y financiera. Temas que hace poco tiempo no representaban mayores retos, son hoy potenciales problemas que requieren de un manejo por parte de expertos.
Así, por ejemplo, la reciente oferta pública de adquisición lanzada por Bancolombia para la compra de hasta el 100% de las acciones comunes de Banagrícola es la primera OPA verdaderamente multi-jurisdiccional que se da en la región Centroamericana, permitiéndoles a los accionistas aceptar la oferta simultánea e indistintamente tanto en el mercado panameño como en el mercado salvadoreño. Ello requirió de intenso trabajo de coordinación multi-jurisdiccional tanto en Panamá como en El Salvador en materia de regulación bancaria, de competencia y de valores, así como de coordinación entre bolsas de valores y centrales de custodia y liquidación.
En materia de competencia, la concentración de la industria bancaria exige hoy en día de sofisticados análisis de complejas guías de concentración económica. En otras industrias, los temas de impacto ambiental y protección del medio ambiente se han vuelto críticos.
La reciente reforma tributaria del año 2006 en materia de ganancias de capital ha adicionado otro nivel de complejidad legal a las transacciones de fusiones y adquisiciones, particularmente a aquellas transacciones de carácter regional que involucran negocios con operaciones tanto en Panamá como fuera de Panamá y por lo tanto con ingresos de fuente panameña e ingresos de fuente extranjera.
La falta de una regulación comprensiva que establezca reglas claras de prorrateo del precio de venta de adquisiciones corporativas entre la renta panameña y la extranjera ha requerido de una cuidadosa estructuración de las operaciones para mejor definir la ganancia sujeta al impuesto de ganancia de capital. Todo lo anterior apunta a que si la opinión de los expertos es correcta, la industria bancaria y financiera continuará su proceso de consolidación en los próximos años con una mayor complejidad legal y financiera en las transacciones.
Retos de la regulación bancaria
A mediano plazo, el desafío más importante será adecuar gradualmente el marco de regulación bancaria a los preceptos del Marco Revisado de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital, conocido ampliamente como Basilea II”.
Olegario Barrelier
mf@prensa.com
El aspecto de mayor avance cualitativo que consolida la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño es el desarrollo del marco de regulación acorde con los mejores estándares internacionales. El Decreto Ley 9 de 1998 representó un cambio importante en la filosofía de autorregulación que caracterizó al sistema panameño desde su creación en 1970.
La nueva Ley Bancaria descansa en los 25 Principios Básicos para una Supervisión Efectiva emitidos por el Comité de Basilea en 1997. Con posterioridad a la aprobación de la Ley Bancaria, la Superintendencia de Bancos desarrolló un marco de regulación que cubre los principales riesgos bancarios.
Entre las principales regulaciones destacan los acuerdos sobre liquidez, clasificación de cartera de préstamos como de inversiones, adecuación de capital, límites de préstamos a partes relacionadas y a una sola persona, gobierno corporativo, relación con auditores externos, y conocimiento del cliente, entre los más relevantes.
El marco de regulación, así como la calidad de supervisión bancaria, han sido evaluados en dos oportunidades por el Fondo Monetario Internacional. Ambas evaluaciones han sido altamente satisfactorias. Actualmente, Panamá cumple con 23 de los 25 principios básicos de Basilea, uno de los más altos del continente. De igual forma, el marco normativo contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) mereció en la última evaluación del FMI, la tercera mejor calificación a nivel mundial, solo por debajo de Estados Unidos y Bélgica.
En retrospectiva, el marco de regulación se completó de forma eficiente, aun en un contexto poco favorable para esta tarea.
Primero, su desarrollo y aplicación se realizó en un tiempo relativamente corto; su ejecución no fue un proceso gradual. Segundo, su puesta en marcha bajo un contexto económico local e internacional de desaceleración económica, implicaba para los bancos una presión adicional para constituir las reservas y provisiones, en un entorno económico poco favorable. Finalmente, el marco institucional era incipiente, ya que la ley que creaba la Superintendencia de Bancos era de reciente aprobación.
Pese a los factores antes mencionados, esta etapa se completó a entera satisfacción, lo que es un reflejo de la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño.
Mantener actualizado el marco de regulación bancaria es fundamental. Es importante destacar las áreas donde la Superintendencia redoblará sus esfuerzos y voluntad para cumplir con una agenda programada.
Entre las principales regulaciones futuras se pueden mencionar la de mitigantes de riesgo de crédito, la cual proveerá un marco ordenado sobre las garantías que por su liquidez serán aceptables como mitigantes de riesgo. Se prepara también una próxima regulación enfocada en el requerimiento patrimonial sobre los riesgos de mercado, definiendo este concepto como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance por variaciones en los precios de mercado de instrumentos financieros en la cartera de negociación. Las nuevas regulaciones cubrirán también los riesgos relacionados con los tipos de interés, así como los riesgos de divisas y de productos básicos. Otras regulaciones importantes son las de titularizaciones, o sea la conversión de préstamos a títulos negociables, así como las revisiones a las regulaciones de gobierno corporativo, oficial de cumplimiento y clasificación de activos. Además cabe destacar los esfuerzos a nivel regional para contar con un marco prudencial y de supervisión uniforme, en razón de la operación de los conglomerados financieros regionales.
A mediano plazo el desafío más importante será adecuar gradualmente el marco de regulación bancaria a los preceptos del Marco Revisado de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital, conocido ampliamente como Basilea II.
Su aplicación en Panamá será realizada bajo diferentes matices, tomando en consideración las realidades propias de nuestro sistema, pero sin apartarnos de los mejores y más altos estándares internacionales.
Ello es indispensable para mantener la competitividad del sistema bancario. Algunos pasos intermedios ya se han dado en este sentido. La regulación que requiere a los bancos obtener una calificación de riesgo por agencias de calificación es uno de ellos. La próxima regulación sobre mitigantes de riesgo es también una iniciativa en este camino, al igual que las futuras revisiones a las normas sobre clasificación de activos. De igual forma, ampliaremos la cobertura del marco de regulación, para incluir a las sociedades de cartera o de inversión que son matrices de grupos bancarios, asegurando que todos los riesgos del grupo estén comprendidos bajo el marco prudencial.
La senda por recorrer es larga; seguiremos realizando los estudios de impacto cuantitativo que nos permitan ponderar los cambios en los requerimientos patrimoniales, en la medición de riesgo de crédito, operacional y de mercado bajo la metodología estandarizada. Estamos inmersos en un proceso interno que nos permita realizar una reingeniería de nuestro proceso de supervisión, para enfocarla en la evaluación de riesgos. Estas son tareas que debemos completar, previo a realizar la implementación de Basilea II. La capacitación y mayor especialización de nuestro recurso humano son esenciales en este proceso.
La decisión de mantener nuestra regulación conforme a los mejores estándares internacionales es sustantivo con nuestra responsabilidad. Este proceso se seguirá realizando en una comunicación estrecha con el sector bancario. Un marco de regulación moderno y una supervisión bancaria efectiva son determinantes para mantener un sistema bancario estable y seguro.
El autor es superintendente de Bancos
