En general, Panamá obtiene buena nota en la evaluación del sistema de regulación y supervisión del centro financiero. En un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en términos de cumplimiento de las normas del Comité de Basilea, el país logró una evaluación “satisfactoria” con un alto grado de “conformidad y fundamentos legales adecuados”. Solo dejó de cumplir en dos puntos: el riesgo del mercado y en la protección judicial a los oficiales de cumplimiento.

Sin embargo, el FMI recomendó a las autoridades estar “atentas” a mantener la buena reputación del centro financiero internacional, asegurándose de que las modificaciones que se puedan dar a los acuerdos de supervisión y regulación no se perciban como una reducción en la independencia de los entes supervisores o en una intromisión del Gobierno.

En otro informe, la empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings analizó las regulaciones prudenciales en Centroamérica y Panamá, y manifestó su preocupación por el rezago no solo de la normativa respecto a estándares internacionales, sino también por la relativa desventaja de algunos entes reguladores con relación a los grupos económicos regulados. Además, resaltó algunas “deficiencias” en el marco legal que “le restan fuerza y rapidez a las decisiones de entes supervisores”.

Las dos principales debilidades son: la falta de homogeneización y la falta de supervisión consolidada de grupos financieros.

Fitch detectó además otros riesgos como la alta concentración de préstamos en grupos económicos y elevados montos de créditos otorgados a partes relacionadas. También le preocupa la incipiente medición de la verdadera pérdida esperada de los créditos y de los niveles de capitalización de los bancos, junto con las altas concentraciones en instrumentos estatales y el considerable tamaño de la banca off-shore poco regulada.

“Existen diferencias importantes en cuanto a las ponderaciones de los activos de riesgo y la presentación de la información financiera para el cálculo de adecuación de capital en los diferentes países de la región a la vez que no existe certeza en cuanto a la apropiada medición de los riesgos”, señala el documento.

En tal sentido, recomendó que la homogeneización del criterio para ponderar los activos y la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sería un marco adecuado para avanzar en la estandarización. “Es conveniente que los entes reguladores pongan un mayor énfasis en los créditos reestructurados, ya que se ha convertido en una práctica frecuente, por lo que se requiere una calificación conservadora de los mismos, claridad sobre los procedimientos específicos para la reestructuración, comportamiento de pago y en general un mayor desglose de información de esa partida”.

Asimismo, recomendó a los reguladores exigir a los auditores externos una mayor profundización y divulgación de la calidad crediticia de las carteras.

La Superintendencia de Bancos de Panamá ha prestado atención a los señalamientos del FMI y de Fitch e informó que ya está analizando las medidas que ha de tomar para “perfeccionar la supervisión y regulación bancaria conforme a los más altos estándares internacionales”.

En términos de regulación la Superintendencia mira hacia un nuevo enfoque de evaluación, concentrándose en la evaluación de riesgo futuro y en normas de gobierno corporativo de las entidades bancarias.

Tanto los organismos internacionales como las calificadoras de riesgo recuerdan que la calidad y profundidad de la supervisión es de vital importancia para tener sistemas financieros sólidos y saludables y que además de contar con un marco regulatorio adecuado, es necesario que los supervisores velen por un riguroso cumplimiento de la normativa y un apropiado desglose de información para tomar acciones correctivas oportunas.