Hace dos semanas, el país entero se estremeció ante las acusaciones que magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hicieron mutuamente de graves delitos. Cuando se creía que la credibilidad e imagen del Órgano Judicial no podía empeorar, surgió la denuncia de un propio miembro del máximo tribunal acusando a sus colegas de liberar a narcotraficantes, homicidas y traficantes de armas.

Todo comenzó cuando los magistrados Winston Spadafora, Aníbal Salas y Arturo Hoyos acusaron al hasta ahora intachable Adán Arnulfo Arjona de crear un “desorden administrativo” y “burlar” la independencia judicial, porque mantuvo trabajando en esa institución a funcionarios de otros órganos del Estado.

Arjona respondió que Spadafora, Salas y Hoyos no tenían autoridad moral para acusarlo, pues permitieron que delincuentes quedaran impunes.

Martes Financiero conversó con Edgardo Molino Mola y Aura Emérita de Villalaz, dos ex magistrados de la Corte, sobre la actual crisis que vive ese órgano del Estado.

Por una Corte independiente

Edgardo Molino Mola tiene algo de prisa, porque tiene una reunión pendiente con el Consejo General Universitario, pero se toma su tiempo para contestar, casi como si estuviera en una argumentación judicial.

—¿Hay crisis en la Corte Suprema de Justicia o es un asunto meramente político?

—Creo que sí hay una crisis, cuando una institución que debe funcionar en armonía y en cordialidad da muestras de que entre los magistrados hay enemistades y diferencias personales muy serias, que contribuyen a que la administración de justicia no se lleve a cabo con seriedad, rapidez e imparcialidad.

—¿Hay justificación entonces para esta crisis?

—Una cosa es lo que ha provocado las diferencias personales entre los magistrados y, otra, lo que he sostenido desde hace mucho tiempo: que el sistema para escoger a los magistrados de la Corte y a los procuradores no garantiza la independencia del Órgano Judicial.

Por eso, entre los puntos que se tocan en el pacto que anunció el presidente está el de cómo escoger a los magistrados, pero debe añadirse a ambos procuradores. Es allí donde está el problema más difícil; tenemos que separar esos nombramientos del Ejecutivo y del Legislativo.

—¿Cómo sería ese mecanismo?

—En Colombia, por ejemplo, hay el sistema de cooptación, en el que los miembros salen de la propia institución. Es decir, sería la propia institución la que designe a los magistrados, pero a través de la creación de un tribunal superior de la magistratura. Un tribunal como éste se encargaría de administrar la carrera judicial y de administrar el sistema disciplinario de la Corte. Si hoy hubiéramos tenido un tribunal superior de la magistratura, este tribunal estuviera resolviendo el problema que han provocado estos magistrados, que es un problema de ética que está afectando el decoro y la dignidad del Órgano Judicial.

Este tribunal actuaría en base a un sistema de selección, escogiendo a las mejores personas que se presenten a concurso. Luego sería la Corte, de una terna que le daría el tribunal, la que escogería.

—¿Cómo debe ser una Corte Suprema de Justicia ideal?

—Independiente, porque cuando usted no le debe el puesto al amiguismo, a la influencia política o al partidismo, sino a sus méritos, a sus estudios, a su comportamiento y a sus conocimientos, entonces usted se siente liberado. >>> >>> —Hay abogados que piensan que para cortar el problema de raíz habría que sacar a todos los magistrados, ¿A quién habría que sacar de la Corte Suprema? ¿A todos? ¿A algunos?

—A mí me extraña que abogados estén sosteniendo una posición dictatorial. Nosotros tenemos un sistema de derecho que establece cómo ingresan y cómo salen los magistrados a la Corte.

La única forma en la que un magistrado de la Corte puede salir es que cometa un delito. Y entonces lo juzga la Asamblea, lo condena, sale de la Corte y va a la cárcel. Lo que está ocurriendo aquí, en mi opinión, es que se está faltando a la ética.

—¿Usted está diciendo que estos cuatro magistrados deberían salir?

Pudiera cuestionarse el problema ético en el que ellos están inmersos. ¿Y cómo se les reemplaza?

Lo que hay que hacer es que en ese pacto por la justicia se haga una reforma constitucional inmediata. Se puede hacer, si es el momento. Que se hagan dos legislaturas y un referéndum para cambiar el sistema de elección de los magistrados de la Corte.

—La pregunta es, ¿el Ejecutivo estará dispuesto a ceder esa cuota de poder?

—Aquí es donde se demostraría si realmente son serias sus intenciones, o si en realidad es una maniobra de distracción para enfriar el problema.

—Si usted estuviera envuelto en un escándalo así, ¿qué haría?

—Yo examinaría si realmente soy culpable de esa situación. Porque el problema a veces no está en el individuo, sino en el conjunto. Hay decisiones que hay que tomarlas, a veces, por el bienestar de la institucionalidad del organismo del que usted forma parte. Yo les aseguro que si estos cuatro renunciaran, el problema se calmaría bastante.

—Usted ha hablado de la falta de independencia, lo que al final puede interpretarse como corrupción pero, ¿la justicia en Panamá falla por ineficaz, por corrupta, por omisión?

—La falta de independencia a veces también trae la ineficiencia, porque no se escogió al mejor. A veces llegan a estas posiciones personas que no tienen la calidad para ese puesto.

Habla Aura Emérita de Villalaz

Defensora de derecho procesal, la ex magistrada Aura Emérita de Villalaz, formó parte de la Corte Suprema de Justicia en una época en que las denuncias estaban por doquier y en la que abogaba porque estas siguieran su debido curso.

¿Es esta una crisis provocada?

— Pienso que la diferencia entre magistrados es lo que ha llevado a esa crisis.

—¿Entonces cómo debe manejarse la Corte Suprema de Justicia?

—Tiene que cambiarse la estructura del sistema de justicia. Un presidente de la Corte Suprema de Justicia no tiene la misma carga laboral durante su periodo de gestión, esta debe restársele y distribuirse entre los demás magistrados.

Pero hay que dejar claro que la función decisoria de estudiar el expediente, analizar las pruebas y emitir una sentencia sí es responsabilidad del juzgador, sea juez o sea magistrado.

—¿La justicia es justa?

—Tenemos muchas fallas y algunas de las que he mencionado son triviales, sin mayor trascendencia. Tenemos fallas de fondo e incluso de legislación.

Desde hace tres o cuatro décadas la mayoría de los países han empezado a renovar su legislación especialmente en la parte procesal. En la medida que ese procedimiento sea más complejo, más lleno de exigencia, más dilatado, entonces las decisiones sencillamente se van a prolongar por mucho tiempo afectando los intereses de la propia sociedad.

—¿Cuál es el problema que tiene la justicia, es un asunto de corrupción, ineficacia o se peca de omisión?

—Cada uno de ellos aporta un porcentaje. Cada uno de ellos está presente en los problemas que confronta la justicia.

En el caso de la corrupción, siempre se habla del juez, cuando este fenómeno siempre tiene a otra persona envuelta.

En la corrupción son dos personas involucradas, por eso se llaman delitos bilaterales. Uno que corrompe y otro que acepta la oferta.

Ese elemento está en juego, no sólo a nivel de los jueces, de los juzgadores, sino en los niveles medios e incluso en los más bajos, en donde hasta los notificadores están involucrados.

Además de que falta una mística de justicia en el verdadero servidor judicial.

—¿Dónde se estanca la justicia?

—Lógicamente tenemos un estancamiento. Hay un factor determinante, es cómo se impulsa el expediente, que cada trámite que se realice se notifique a las partes, ya que esto paraliza el caso.

Las notificaciones son el tremendo problema del estancamiento.

—Los magistrados Spadafora y Cigarruista han estado involucrados en supuestos sobornos ¿cree usted que estos deben poner su cargo a disposición?

—Parece mentira cómo la política matiza el comportamiento de la persona.

Matiz político que les ha hecho daño y aunque actúen correctamente esto les ha desfigurado su actuación.

Es por esa razón que ahora se plantea que el perfil de los magistrados en el futuro, deben ser personas totalmente desligadas por lo menos de ser políticos activos, por una cantidad determinada de años.

Si se acredita que en la actuación de estos magistrados hubo soborno, extorsión, amenaza, prebenda o beneficio, eso es motivo de separación; aunque yo creo todavía en la ley y en el proceso, y en que existe el principio de presunción de inocencia.

Me gustaría más bien que se probara si son culpables.

—¿Qué perfil de procurador le conviene al sistema de justicia, uno que opere en silencio o uno que haga revuelo?

—Primero, debe ser una persona capaz, honesta, con bastante autoridad moral y enérgico.

No puede ser un procurador de paños tibios, especialmente porque él va a enfrentar una delincuencia, sobre la que no puede haber ningún tipo de transacción.

Además que debe ser una persona que siga el debido proceso.